2024 en México,
elecciones, ¿Proyectos alternativos de nación o regreso de la clase política?
Rodolfo
Uribe Iniesta.
Aunque desde el inicio de
las precampañas electorales la ventaja
de la coalición dirigida por el partido en el poder, el Movimiento de
Reconstrucción Nacional (MORENA), sobre los partidos tradicionales que
representan lo que puede describirse como el bloque histórico de las reformas
neoliberales (1988-2018) ha sido según las encuestas mayor de un 20% y así se
ha mantenido estable, el proyecto llamado de la Cuarta Transformación (4t)
corre el riesgo de perder continuidad, sea mediante procedimientos de guerra
judicial que condicionen o desconozcan los resultados electorales (más allá de
las tradicionales prácticas de fraude electoral), o, incluso desde adentro, por
la falta de identidad e identificación de sus propios candidatos, como lo ha
demostrado el desempeño de varios de los gobernadores y congresistas electos en
2021.
El
programa, los discursos y diferentes acciones del presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), aunque siempre ha manifestado inspirarse en el texto de la Crisis
en México de Daniel Cosío Villegas de 1957, más bien parecieran seguir los
lineamientos establecidos por Octavio Paz (1979) en el Ogro Filantrópico
donde establece que el núcleo del estado mexicano era la colusión de dos
burocracias: la administrativa y la militar. Y aunque ya desde el principio de
sus campañas en Tabasco en 1988, AMLO declaraba que su objetivo único era
combatir la corrupción, considerando que con sólo acabar con ella el país era
viable, justo contra quien se ha estado confrontando es con la burocracia federal
y la de las instituciones autónomas a las que se les había
descentralizado funciones de gobierno, los nuevos millonarios generados bajo el
proceso neoliberal y de manera sorda a las corporaciones multinacionales
asociadas a los anteriores. La mayor fuente de acumulación originaria de
nuevas fortunas privadas durante este proceso se realizó mediante la
participación como funcionarios del gobierno o el tráfico de influencias en las
privatizaciones, concesiones y contratos de gobierno[i]. Entre 1988 y 2018 fue
clara la desproporción entre el crecimiento en la producción de riqueza y la
producción de millonarios y multimillonarios. Y no se trata, de un hecho
sorprendente bajo un régimen neoliberal, sino justamente, bajo esta ideología
es un objetivo explícito transferir la riqueza pública a individuos o
corporaciones privadas, que se definen como los únicos generadores de actividad
económica, trabajos y riqueza.
Entonces
el gobierno de AMLO chocó con lo que podríamos calificar de bloque histórico,
a lo que él se refiere como oligarquía y que es la conjunción de estos
intereses dirigidos por lo que también él llama la mafia del poder.[ii] Retomando el concepto de
Gramsci, Portelli (1981,10) y Pizzorno definen al bloque histórico como
una particular articulación hegemónica entre la estructura económica y la
política con “un sistema de valores culturales que penetra, expande, socializa
e integra un sistema social” en el que tienen un papel central los que pueden
calificarse como “intelectuales orgánicos”. Sólo así podemos explicarnos al
colectivo social surgido del neoliberalismo mexicano donde los ideólogos han
sido los economistas, los conductores de noticieros y académicos que amalgaman,
legitiman y naturalizan la relación entre los políticos, los empresarios
beneficiados por las privatizaciones y que ahora además se les canceló la
condonación de impuestos, los medios corporativos de comunicación que recibían
enorme transferencias del gobierno, las burocracias doradas que terminan
constituyéndose como aristocracias, las corporaciones extranjeras y las masas aspiracionistas
que se califican de clase media y cuya ideal es el consumismo y ser parte de la
nueva clase ociosa.
Jenaro
Villamil (2018, 12) describe muy bien el funcionamiento particular de este
sistema con el concepto de Cleptocracia, diciendo que ésta, “a
diferencia de la mafia, transforma lo que son bienes públicos en bienes
privados. La corrupción en la cleptocracia no es la excepción, sino la regla, y
no es una práctica ajena a la institucionalidad sino el hecho que explica su funcionamiento”.
Pablo Hiriart (2022) hace un recuento de todo lo que este bloque histórico
considera como agravios de parte de las acciones del gobierno de Andrés y todos
tienen que ver con haber detenido grandes negocios privados financiados por el
estado, como la compra de medicinas a un oligopolio propiedad de políticos, la
construcción del aeropuerto en Texcoco y la apertura progresiva del control de
la producción y distribución de la energía eléctrica y los energéticos a
empresas privadas y extranjeras. Como agravios hay que sumar el cese de la
condonación de impuestos a empresas oligopólicas y el buscar obligar a los
altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), los ministros de la
Suprema Corte de Justicia y demás directivos de organismos autónomos a limitar
su sueldo al nivel del salario del presidente. La colusión de instituciones
públicas autónomas y estos intereses fue manifiesta con la participación del
poder judicial descalificando las decisiones tomadas por el poder legislativo
en estos campos, además de intentar detener todas las obras de infraestructura
del sexenio. Y, por supuesto, auto ampararse, como jueces y parte para mantener
intactos sus sueldos y prestaciones. Una estrategia de obstrucción y negación
que casualmente también se está llevando a cabo de manera similar contra el
presidente Gustavo Petro de Colombia, y que en ambos casos demuestra que una
cosa es estar en el gobierno y otra tener el poder. No sólo por la existencia
de poderes fácticos sino justo por la estrategia neoliberal de
descentralización -de facto- en organismos autónomos.
Esta
confrontación caracterizó la dinámica política del sexenio, pero también es el
choque que representan estas elecciones, y explica porque más que competencia
entre las candidatas punteras se discuten en la propaganda y los debates los
defectos y logros del actual gobierno. Y explica que, ahora, mediante lo que
podríamos describir como parte de la pared mediática del oligopolio
informativo llega al grado de que en el primer debate, los moderadores -cada
uno de uno de las dos cadenas monopólicas de televisión- partieron en todos sus
cuestionamientos de dar por hecho la propaganda de la oposición y no partir de
las condiciones señaladas por la información oficial como los de la
recuperación económica (empleos creados, reducción de la pobreza, tipo de
cambio, nivel de endeudamiento, apoyos universales a población sensible, etc.).
Las
elecciones presidenciales, de seis gobernadores, del congreso y presidencias
municipales mexicanas de 2024 se celebrarán en una coyuntura mundial en la que
está en riesgo el propio orden y leyes internacionales establecidos tras la
segunda guerra mundial como lo está demostrando la defensa de los países
europeos y Estados Unidos de la abierta violación del mismo con el genocidio
que se ha venido cometiendo contra la población palestina. Y por otra parte con
incidentes que no tienen relación pero son similares: el mismo día que Israel bombardeó
el consulado de Irán en Damasco, Siria, Ecuador allanó por la fuerza la
embajada de México para secuestrar al líder político de la oposición que estaba
en condición de asilado político. Violaciones violentas de la Convención de
Viena de 1961 y de uno de los principios básicos de las relaciones
internacionales como lo recordaría el propio Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos en la reunión del 9 de abril. Si estos
actos quedan impunes y se normalizan serían síntoma de una reformulación de las formas de orden o
relaciones internacionales.
Estas
elecciones están siendo las de mayor grado de sintonización e intervención
extranjera que se hayan dado en la historia, como lo ha hecho evidente el que
la campaña sucia mediática y en redes sociales que identifica al presidente y a
la candidata de su partido como “narcos” se inició con tres publicaciones en
medios extranjeros (Pro Publica, INsight Crime y Deutsche Welle) con
información de la Administración para el control de las drogas, DEA, del
gobierno de Estados Unidos. Y Stephen Engelbert, editor de Pro Publica, aceptó
que los tres medios se pusieron de acuerdo para sincronizar la publicación a
petición de la DEA [iii].
Llama la atención que se rescata una vieja acusación sobre la campaña
presidencial de 2006 que supuestamente y con grandes señalamientos de fraude
ganó por 0.5% de los votos Felipe Calderón. Se trató de una investigación con
base en una mención de un testigo protegido, que en su momento fue descartada.
Esta
campaña parece querer proyectar sobre el actual gobierno, lo que quedó
corroborado en un juicio en Estados Unidos, donde el principal funcionario del
sexenio que comenzó en 2006 (que de acuerdo con el testimonio del expresidente
francés Nicolás Zarkozy [iv] era quien realmente
tomaba las decisiones), fue condenado por su asociación con los carteles de
drogas, probando el hecho de que al mismo tiempo que se sacó al ejército a las
calles y se declaró una guerra contra las drogas, iniciando una espiral
de violencia en la que sigue envuelta el país, operaba un narcoestado. Por su
parte, el director de la DEA en México entre 2020-2022, Nick Palmieri, fue
expulsado de la misma por sus contactos con abogados defensores de
narcotraficantes y gastos ostentosos[v].
Toda esta
campaña parece seguir a la letra uno de los 10 consejos de guerra sucia de
Goebbels, el número 3, el principio de transposición: cargar sobre el
adversario los propios defectos (mediante otras medidas están siguiendo de
hecho los diez).[vi]
Teniendo
como antecedente la visita a la sede de la Organización de Estados Americanos
del entonces presidente del INE en 2023, Lorenzo Córdova, donde advirtió que la
democracia mexicana estaba en riesgo[vii], la campaña comenzó
inmediatamente después de que la candidata de los partidos tradicionales (PRI,
PAN y PRD) visitara a funcionarios e instituciones (Consejos editoriales de
Washington Post y New York Times, con Telemundo y lo que describió como think
tanks como el Wilson Center, con el Departamento de Estado y el Secretario
General de la Organización de Estados Americanos, OEA [viii]) en Washington y Nueva
York. Visitó también a personajes del mundo empresarial y de la extrema derecha
en Madrid, incluyendo el expresidente Felipe Calderón. La misma candidata
informó en conferencia de prensa[ix] que pidió la vigilancia
del gobierno de Estados Unidos y la OEA en las elecciones insinuando que se estaba
dando un fraude o elección de estado a través de las conferencias matutinas del
presidente y los programas sociales. Dijo entonces también que el asunto del
petróleo no era la soberanía nacional sino la seguridad jurídica para los
inversionistas.
Estas
acciones y la actitud de reconocer la superioridad moral de los países
coloniales, demuestra la identidad y continuidad con los conservadores del
Siglo XIX.
Como
nunca, también, la competencia entre dos proyectos de nación se da en medio de
una división internacional que atraviesa tanto a España como a Latinoamérica, y
que se manifiesta abiertamente con las acciones de una especie de
“internacional de derecha”, que hasta ahora ha tenido éxito con el triunfo de
Javier Milei en Argentina y Daniel Noboa en Ecuador. Y que, en última
instancia, claramente se muestra como una confrontación entre los proyectos de
autonomía nacional para el aprovechamiento de los recursos naturales y manejo
de políticas financieras por parte de los gobiernos nacionales, apodado
populismo por los medios de comunicación y los académicos, y los que
proponen -como se está demostrando en Argentina- un regreso al neoliberalismo
más agresivo con privatizaciones, dolarización y sometimiento total al Fondo
Monetario Internacional. Ahora se le agrega la intervención directa de la
Comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, en estos dos
países (en septiembre había visitado a Perú tras la destitución judicial de
Pedro Castillo), obteniendo públicamente, al menos, el permiso para instalar
una base militar en Patagonia. Es muy probable que esto -incluso el asalto a la
embajada mexicana- esté encuadrado en una estrategia geopolítica de Estados
Unidos para evitar la unidad latinoamericana y tener la propiedad o el acceso
directo prioritario a recursos escasos estratégicos como son el agua, el litio,
el petróleo y el gas. De hecho, como expone Silvina Romano[x] el objetivo m{as amplio de
la guerra jurídica es la desestatización, que tiene que ver con la idea
expuesta por Bill Clinton en su discurso de su segunda asunción donde afirmó
sólo existe un estado indispensable a nivel mundial.
Esta
división, se manifiesta sobre todo a la hora de las urnas y las votaciones
populares universales, que a lo largo del siglo han favorecido a los proyectos
apodados populistas, y en casi todos los casos, los gobiernos
neoliberales han llegado sólo mediante golpes de estado blandos o por procesos
que limitan la participación de líderes opositores en las elecciones generales,
es decir, mediante la intervención del poder judicial[xi] (el caso de Brasil con la
deposición de Dilma Rouseff, el encarcelamiento de Lula da Silva -quien al
participar en una nueva elección ganó otra vez-). También, como podría suceder
en México, con la intervención del poder judicial tratando de descalificar las
elecciones y desconocer el registro del partido ganador como se intentó
recientemente en Guatemala. O en su caso, aplicando lo que Naomi Klein (2007) describe
como la estrategia del shock creando condiciones para la quiebra de los
gobiernos a través de la deuda pública, los estrangulamientos y bloqueos, y la
generación de procesos inflacionarios como ocurrió en Argentina en 2023.
En México
la intervención judicial en las elecciones ya se intentó en 2004 mediante un
desafuero decretado por la Suprema Corte de Justicia en contra del Jefe de
Gobierno del entonces Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para
impedir que participara en las elecciones del 2006. Y ahora se revive con una investigación
y filtración de ésta a la prensa por parte de la presidenta de la Suprema
Corte, Norma Piña, donde a partir de una denuncia anónima procesada en un solo día,
se acusa al anterior presidente de la Corte y al presidente de actos indebidos,
acoso y presiones a diversos jueces. [xii]
Esta
condición electoral en buena parte puede deberse o incluso manifestar la
constitución dual de las sociedades latinoamericanas que podemos atribuir a su
origen colonial. No tiene entonces nada de sorprendente que el ciclo inicial de
gobiernos progresistas latinoamericanos de este siglo venga precedido en los
años 90 de movilizaciones reivindicativas indígenas como la Confederación de
Naciones Indígenas del Ecuador (CONAIE), el movimientos Sin Tierra en Brasil,
el cocalero en Bolivia, el neozapatista
de Chiapas en México, etc.. El descontento y la crisis provocada por las
políticas neoliberales como, en Argentina en 2001, en todos estos países ya en
el ámbito de la política nacional se traduciría en un “que se vayan todos”,
como rechazo a la clase política, cuya construcción y profesionalización
como parte de la modernización, fue un objetivo explícito de las
políticas neoliberales para desdramatizar la política. Se trataba de
separar las decisiones políticas de los gobiernos, y en particular de aquellos
nombrados por el voto popular, de las decisiones económicas que mayormente
quedarían en la esfera privada de organismos descentralizados. Una forma de lo
que Norberto Bobbio (1995) describía como gobierno secreto.
Si el populismo
latinoamericano de mediados del siglo pasado se caracterizaba por su carácter
corporativo, lo que actualmente llaman así los académicos, se refiere a esta ruptura entre la clase política y los
sectores ya no sólo de trabajadores y campesinos. Se refiere a la gran mayoría
de la población que vive en áreas periurbanas y en la economía informal. De ahí
que AMLO rechace el término de sociedad civil y haya revivido el de pueblo.
El gran volumen de votos por AMLO en 2018, en su momento, se explicó,
justamente, como un rechazo a esta clase política.
Sin embargo, claramente, en la presentación de la coalición
de oposición, fue muy evidente que los encargados de elaborar los diversos
rubros del plan de gobierno, eran todos funcionarios de las anteriores
administraciones. Comenzando por el coordinador José Ángel Gurría, ingeniero
del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA, que hizo públicas las
deudas privadas) en 1988. Algunos, incluso con procesos judiciales vigentes
(Francisco Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya). En la presentación de los
candidatos plurinominales al Congreso, resaltó otra vez la inclusión de este
tipo de candidatos. Lo cual resulta muy coherente y consecuente en tanto
representantes del bloque ya mencionado.
Pero lo que resulta incoherente y peligroso para los
ideales y objetivos de la Cuarta transformación, es que el mismo tipo de
perfiles se está presentando como candidatos de su coalición igualmente para
plurinominales, y en las otras candidaturas locales a diputaciones, senadurías
y presidencias municipales.
Si bien es cierto que el crecimiento de la izquierda
electoral desde los años 90 tuvo como estrategia importante la desagregación de
políticos del partido entonces oficial, y luego de grupos que se separaron del
PAN. Y que tuvo importancia para ganar mayorías en 2018, es un riesgo que tras
un sexenio en el gobierno no tenga el MORENA cuadros propios, o -como se
denuncia-, se hace a un lado a quienes se autoidentifican como “fundadores”,
que vienen de la vieja izquierda o de los movimientos de 1988-1991 en Tabasco,
o en las elecciones del 2000, 2006 y 2018. Esto, además demuestra que en ambas
coaliciones que no se está dando un relevo generacional.
Esta situación está determinada por el subdesarrollo
democrático que le impide a todos los particos realizar elecciones internas o
procesos transparentes de selección de candidatos. La oposición llegó a
cancelar una votación que tenían ya convocada y MORENA actuó mediante supuestas
encuestas que de las que no ha habido evidencia pública. El actual gobierno
privilegió lo que antes se llamaba democracia sustantiva (disminuir la
desigualdad económica), frente a la democracia formal y a la formación,
no sólo de cuadros propios sino de formatos democráticos.
En este caso, pareciera estar funcionando una lógica de la
vieja cultura política en donde cuando un partido es tan mayoritario o muestra
tanta ventaja, todos los políticos buscan subirse a esa corriente porque sin
importar el nombre o persona del candidato, su elección parece asegurada. Y por
otro lado, por el interés del partido en lograr una mayoría calificada para
poder cambiar al poder judicial (el llamado plan C), aceptan a todo aquel que
suponen que tiene los recursos de un tipo u otro para ganar su elección.
El riesgo está en que incluso cuando se trata de fundadores
de MORENA, pueden darse acciones de retroceso político, como ocurrió con Adán
Augusto López. De manera sorpresiva, como gobernador de Tabasco, eliminó por
decreto la elección de delegados municipales, que fue una de las bases del
movimiento original de AMLO. En Tabasco ahora MORENA va dividida entre el grupo
identificado con la burocracia y poderes fácticos estatales y los sectores
populares, situación, que, por cierto, ya existía dentro del PRI local antes de
1988.
Ya se vio con los casos de Lily Téllez y Germán Martínez
entre otros, la posibilidad de llegados al congreso, defeccionar y convertirse
en un problema para el gobierno de MORENA. La inconformidad con las
candidaturas locales de MORENA y sus aliados se está manifestando en diversos
estados, como Tabasco, Puebla, Colima, Michoacán, Sinaloa, Estado de México,
Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Hidalgo y Baja California Sur, no sólo por la
designación de políticos provenientes de otros partidos, sino por prácticas
abiertas de nepotismo (la hija del senador Monreal en la Alcaldía Cuauhtémoc de
la Ciudad de México) y reelecciones. Esto no sólo pone en riesgo la viabilidad
del llamado plan C y la hegemonía de MORENA, sino, sobre todo, con el regreso
de la clase política desde dentro del propio movimiento, la continuidad de las
ideas, propuestas, programas y políticas de la Cuarta transformación.
En esta posibilidad de alternancia, de regreso al poder de
la clase política tradicional, México podría quedar atrapado en la misma
situación de ida y vuelta entre las dos opciones que han sufrido en estos años
Ecuador, Argentina, Honduras y Brasil. Recordando además que el regreso en
estos países de los gobiernos neoliberales se ha caracterizada por la adopción
de medidas extraordinarias que mediante un solo decreto o referéndum buscan
cambiar toda la estructura política anterior (Decreto de Necesidad y Urgencia
de Javier Milei y referéndum del 21 de abril 2024 de Daniel Noboa). Que en
nuestro caso, seguramente, contaría ya de entrada con el abierto apoyo del
poder judicial.
Bibliografía:
Bobbio, Norberto. (1995). El
futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica, México.
Hiriart, Pablo. (2023). El
destructor. Editorial Grijalbo, México.
Kittrie, Orde. (2016). Lawfare. Oxford University Press, New
York.
Klein, Naomi. (2007). La
doctrina del shock. Paidós, Barcelona.
Paz, Octavio (1979). El ogro
filantrópico. Editorial Joaquín Mortiz, México.
Portelli, Hugues (1981).
Gramsci y el bloque histórico. Editorial Siglo XXI, México.
Uribe, Rodolfo (2021). “Elecciones
intermedias de 2021: plebiscito y crisis múltiple, en Antulio Sánchez y Gerardo
Vázquez, coords., Elecciones y Futuro Nacional. Grupo Topodrilo, México.
Villamil, Genaro. (2018). Cleptocracia.
Editorial Grijalbo, México.
[i] La
propia candidata de la oposición es un ejemplo de una funcionaria pública que
se ha enriquecido mediante los contratos de las empresas de su familia. Ha
negado que sea corrupción porque no acepta el concepto de conflicto de
intereses.
[ii]
En el caso de la burocracia militar AMLO se vio entrampado ante la falta de
cuadros, o de grupos sociales o técnicos que pudieran hacerse cargo de la
construcción o administración de instalaciones e infraestructura estratégica y
tuvo que recurrir y empoderar al ejército. Un ejemplo fue el caso del tren Maya
en donde primero encargó a empresarios diversos tramos del mismo bajo la
dirección de otro empresario, y luego, cuando se vio que el interés mayor de
estos empresarios era el desarrollo inmobiliario que incluía la expropiación de
miles de hectáreas en torno de cada estación, cambió al director del proyecto y
la construcción de varios tramos y la empresa encargada de la administración se
le entregó al ejército.
[iii] https://visionanalitica.com.mx/nacional/propublica-exhibe-que-anabel-hernandez-publico-nombre-del-testigo-confidencial-en-investigacion-vs-amlo/
[iv]
“García Luna dictaba su voluntad a Felipe Calderón, era más poderoso que él”. https://www.infobae.com/mexico/2024/01/03/garcia-luna-dictaba-su-voluntad-al-presidente-calderon-era-mas-poderoso-que-el-esto-dijo-nicolas-sarkozy-en-sus-memorias/
[v]
Sarkozy y Calderón: una vieja historia de corrupción y cloacas”. https://elpais.com/mexico/2024-01-07/sarkozy-contra-calderon-una-vieja-historia-de-cloacas-y-corrupcion.html
[vi]
En realidad la campaña en general sigue los 10 consejos de Goebbels: Los
principios de simplificación, contagio, exageración, vulgarización,
orquestación, renovación, similitud, silenciación, transfusión y unanimidad. https://www.altaveu.com/opinio/los-11-principios-de-la-propaganda-nazi-de-joseph-goebbels_1597_102.html
[vii] https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/22/se-reune-consejero-presidente-del-ine-con-secretario-general-de-la-oea/
[viii]
Página de Facebook de Xóchitl Gálvez, 7 de febrero, 2023.
[x]
Entrevista en TV Ciudad Uruguay en https://www.oblawfare.org/
[xi]
Se ha popularizado respecto a esta intervención del poder jurídico contra los
poderes ejecutivos electos por votación popular y cómo sinónimo de golpe no
militar el término de lawfare. Sin embargo, el concepto de lawfare también es
usado por los académicos estadounidenses como la defensa de estados o pueblos
como explícitamente se refieren al Palestino, al defender a través de las leyes
internacionales sus derechos (ver Kittrie, 2016).
[xii]
Para una visión de todo el proceso de guerra judicial coordinado desde Estados
Unidos contra el gobierno de AMLO, ver el artículo de Aníbal García,
Manufacturación de Consenso y Lawfare en México en https://www.oblawfare.org/post/manufacturaci%C3%B3n-de-consenso-y-lawfare-en-m%C3%A9xico.
