Elecciones intermedias de 2021: plebiscito y crisis múltiple.

                                       Rodolfo Uribe Iniesta.

 

“Fue tanta la brutalidad de la corrupción del pasado…si fue un abuso y la gente quedó hasta la madre. La gente sigue pensando que el presidente es la gran opción”.

                    Xóchitl Gálvez.

 

Mecanismo regulador por excelencia de una sociedad y estado democrático, las elecciones son también, el mejor diagnóstico de una sociedad, tanto si son reprimidas, manipuladas, o incluso rechazadas. La realización de fraudes sistémicos como los tradicionales mexicanos, desconocimientos (como la Bolivia por la OEA en 2019) o rechazadas (por alto nivel de abstención), nos dicen mucho de la sociedad y la relación sociedad-estado de que se trata y de la coyuntura política internacional.

 

La dimensión geopolítica, lo que está en juego.

 A nivel internacional la coyuntura de los primeros 20 años del siglo XXI se ha caracterizado en América Latina primero por la derrota de los gobiernos neoliberales que hegemonizaron la última década del siglo pasado, la llamada década perdida, que terminó con crisis económicas y políticas tan graves como la de Argentina en 2000. Vino entonces el triunfo electoral de gobiernos que son llamados tanto despectivamente como descriptivamente populistas, como los de Chávez, Lula, Rouseff, Morales, los Kitchner, Luque, Correa, Manuel Zelaya. Que en su momento fueron o derrotados electoralmente, tras uno o hasta tres períodos electorales (Cristina Kitchner), depuestos por los poderes judiciales (Rouseff, Zelaya, Luque), por golpe de estado con participación de la OEA (Morales) o incluso impedidos a participar en nuevas elecciones por lo que ahora quedó evidenciado como montaje del poder judicial (caso de Lula). Gobiernos que en casos como los de Chávez y Morales tuvieron como antecedentes inmediatos movimientos populares y cabe resaltar que casi todos ellos fueron reelectos o ganó el período siguiente su mismo partido o movimiento (Chávez, los Kirschner, Lula y Rouseff, Morales y Correa). Han sido gobiernos que directamente fueron descalificados o confrontados por las diversas administraciones de Estados Unidos y por la Unión Europea. Sin embargo, cuando se da un nuevo proceso electoral algunos han regresado al poder con el mismo partido y contenido programático (Fernández, Arce). Y salvo Colombia cuya situación tiene su particular complejidad, los gobiernos que no son cuestionados por los poderes externos mencionados como el de Chile (Piñeira) y el actual de Ecuador (Moreno), antes de la pandemia confrontaron importantes movilizaciones populares en contra. No es una confrontación ni una situación que se circunscriba a América Latina. En 2010, en Australia, cuando el gobierno de Kevin Rudd impuso a las compañías mineras un impuesto sobre ganancias excesivas, éstas convocaron y presionaron a los miembros de su partido a deponerlo, y en efecto lo hicieron, lo que equivale a un golpe de estado en el modelo político inglés.

En el caso de México, que detrás de Chile era el mejor discípulo de las políticas neoliberales, y que parecía el más estable en esta línea, con una continuidad de 30 años (cumpliendo el aviso del actual director de la OCDE, José Ángel Gurría, de que el proyecto era de 25 años), los poderes mencionados hacían una excepción frente a las protestas y demostraciones de fraude electoral en cada elección (1988, 1994, 2006 y 2012). Sin embargo, dada la total debacle electoral de los partidos de ese sistema en 2018, tuvieron que aceptar sin objeciones la derrota de dicho proyecto,.

La pregunta pertinente es ¿Qué tiene el llamado populismo que cuando hay elecciones reales (no al estilo de los tradicionales fraudes mexicanos), los pueblos vuelven a votarlo? En otro nivel, llama la atención cómo la división de poderes, antes que garantizar la gobernabilidad y el estado de derecho, ahora ha sido instrumentada para derrocar sin elecciones a los gobiernos elegidos por el voto popular (el poder judicial en la mayoría de los casos, e infructuosamente el legislativo en Venezuela). O, cómo se está haciendo ahora en México, se les usa junto a los llamados organismos descentralizados para defender las reformas estructurales neoliberales (el desmantelamiento del aparato estatal dependiente de elecciones y la pérdida de soberanía de este en el acceso a recursos naturales y en la gestión económica en general) contra los cambios que propone el actual ejecutivo. Y el poder electoral, el organismo autónomo que organiza las elecciones, ha sido usado en México para gestionar los fraudes electorales.

 Queda claro que lo que se ha dado es una confrontación de los llamados populismos con un proyecto global de gobiernos neoliberales que privilegian la libertad de inversión sin cortapisas económicas, ambientales ni sociales asociados con una élite político-económica local subordinada; que en el caso de México y Colombia es además parte del narco y necrocapitalismo; y de un estado con atribuciones reducidas frente a una gran descentralización de organismos autónomos, comenzando con los propios bancos nacionales estatales, y por supuesto, las autoridades electorales. Estos organismos se crean bajo un discurso de una mayor democracia descentralizando el poder de decisión. En el esquema de los tratados del Atlántico Norte y Transpacífico se proponen como forma de gobernanza superior a los estados nacionales y las organizaciones internacionales donde están representados (sistema Naciones Unidas), pero, en estos siempre aseguran espacios de representación directa de grandes corporaciones empresariales en condiciones mayoritarias que los gobiernos del caso tratado (Ver Guamán, 2015). Estos organismos substraen tanto de la fiscalización como del voto popular las más importantes decisiones, conformando lo que Norberto Bobbio (1995) caracterizó como “el gobierno secreto”. Se trata, como lo explica Saskia Sassen en Territorio, Autoridad y Derechos (2013) de la construcción de ámbitos de poder global internos y externos a los estados, independientes de una gobernabilidad y escrutinios democráticos y mucho menos popular. Se trata también, como lo expone Yannis Varoufakis (González, 2021) de una confrontación entre la democracia y los gobiernos corporativos internacionales.

 El sentido de este sistema queda claro, por ejemplo, si revisamos la redacción de la nueva ley petrolera de la Reforma Energética Mexicana de 2014, donde la frase que más se repite es “El estado mexicano no podrá…”. Y en las medidas tomadas entre 2008 y 2014 la empresa petrolera nacional quedó subsumida a la Secretaría de Hacienda y a un Consejo (la Comisión Nacional de Hidrocarburos) con participación de consejeros propuestos por el presidente, inicialmente, en su momento, relacionados con empresas privadas. Respecto a la electricidad se siguió el mismo modelo donde el órgano rector pasó a ser el Centro Nacional de Control de Energía. Quedó muy clara la postura de los partidos tradicionales cuando la dirigente del PRI, Dulce María Sauri, en la celebración del 82 aniversario de fundación de su partido, acusó, de cara a estas elecciones, al actual presidente de que se propone hacer una nueva constitución (como lo hicieron los neoliberales entre 1988 y 2018) y desaparecer los organismos autónomos. Es clara la beligerancia y el cierre de filas entre los partidos tradicionales PRI, PRD y PAN ahora organizados como alianza (Va por México) tras acciones emblemáticas como: el decreto que le devuelve a la Comisión Federal de Electricidad la prioridad en el despacho de la producción de electricidad (aún cuando fuera en parte motivado por el efecto que el anterior modelo producía en el manejo de las grandes presas y las inundaciones del sureste del país, ver Uribe, 2009); la solicitud de desafuero del gobernador Cabeza de Vaca por sus vínculos con el narco (como en su momento fue evidente en el caso de los exgobernadores de Nayarit, Veracruz y Chihuahua) y por el descubrimiento de las inversiones de políticos mexicanos y sus familiares en el paraíso fiscal de Andorra.

No debe ser sorpresa la reacción de los políticos e inversionistas mexicanos si habían logrado una fórmula muy particular para privatizar la producción de energía: PEMEX y CFE se vaciaban de actividades para ser regidos por los mencionados órganos reguladores que controlarían el despacho y la compra de energía donde tendrían que competir en condiciones de igualdad con empresas privadas que podrían ser extranjeras. Pero con una condición muy particular: Las empresas productoras, según las leyes de la Reforma Energética tienen como condición para participar generar nuevas empresas con socios mexicanos y así aparecen incluso como empresas mexicanas. No sorprende entonces que el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgue -en un hecho inédito- en sólo 24 horas un amparo en favor de las empresas eléctricas privadas contra el decreto mencionado. Muchos funcionarios, pero sobre todo técnicos y comentaristas de medios de comunicación que se presentan como “expertos” o “técnicos” descalificando los cambios que introduce el nuevo gobierno, son en realidad socios, empleados o publirrelacionistas de dichas empresas en lo que también debe explicarse como la privatización monopólica del espacio mediático. Sobre todo esto vale la pena leer el libro: El gobierno mundial de los expertos de Josep M. Colomer y ver la problemática que se expone sobre las valoraciones técnicas en Theys y Kalaora (1996), tan discutidas, por ejemplo, ahora con la pandemia,.

En sus videoconferencias de febrero para la UNAM, Rafael Correa advirtió la importancia de la dimensión mediática como espacio de conflicto: lo que en México se está viviendo cotidianamente a través de las conferencias mañaneras del presidente. El poeta chileno Gonzalo Rojas llamaba a las empresas de los medios de comunicación “inventores de la realidad”. El presidente López Obrador explícitamente ha denunciado le imbricación de los propietarios de medios de comunicación (Grupo PRISA, Televisa, grupo Reforma, familia Vázquez, etc.) en los negocios de la medicina privada, de la industria farmacéutica, y de las actividades concesionadas gracias a las reformas neoliberales: petroquímica, extracción de petróleo (extracción, transportación y gasolinerías), minería, electricidad, y hasta impresión de libros de texto, lo que les permite participar en la esfera mediática como jueces y parte de toda la información y el uso del presupuesto público. Ha sido claro, desde un principio, que además, han hecho cuanto esfuerzo han podido, incluyendo la intervención del Instituto Federal Electoral, por prohibir al presidente la comunicación directa con el público mediante las conferencias cotidianas mañaneras, para mantener el monopolio en el ámbito, y obligar al gobierno a usarlos como intermediarios pagando las enormes cantidades de dinero que hasta ahora se habían erogado como publicidad oficial (además de los pagos directos a comunicadores selectos). En la coyuntura de la epidemia, ha sido notorio como los medios de comunicación, en lugar de haber realizado una campaña solidaria dada la emergencia sanitaria y humana, no han tenido el menor escrúpulo ni pudor en usar la epidemia para atacar al gobierno con toda clase de información tendenciosa y falsa. La instrumentalización política de los medios queda clara con la progresiva saturación de la televisión y radio abiertas con programas de “opinión”, o programas de información conducidos por personajes cómicos.

 

El populismo sui géneris de López Obrador.

 El populismo de López Obrador tiene más que ver con el populismo pragmático estadounidense de los años 20 del siglo pasado (como el del gobernador y senador de Luisiana Huey Long) que generó las leyes antimonopólicas y empujó a Delano Roosevelt al New Deal que con los populismos latinoamericanos del siglo XX. Lo parece tanto por su programa minimalista no ideológico (sólo acabar con la corrupción), su atención centrada en los pobres no corporativizados ni organizados, no tener o movilizar desde el gobierno organizaciones de masas o partido, su actuar contingente caso por caso, su nombramiento de operadores y funcionarios sin importar su definición ideológica -en otras palabras no anticapitalista-, su denuncia del uso privado de las instituciones públicas, su utilización del ejército como constructor de infraestructura para evitar a las empresas corporativas políticamente privilegiadas o monopolistas, su choque frontal con la aristocracia jurídica denunciada como sistema de tráfico de influencias; como por el no coincidir con la idea de un estado corporativo y empleador que caracterizaba a los populismos latinoamericanos del siglo pasado. Coincide también con acciones de defensa de consumidores respecto a los monopolios empresariales, como la reacción contra los monopolios farmacéuticos, el etiquetado de productos con exceso de grasa y azúcar y el control de precios de combustibles. Congruente con este populismo y la ideología liberal mexicana Andrés Manuel tiene un programa propio de austeridad que lo ha divorciado tanto de organizaciones y movimientos políticos de izquierda, como de la aristocracia partidista, pero sobre todo intelectuales de toda laya, que aunque protestaban contra el anterior gobierno, habían quedado integrados en el proyecto de ingeniería social neoliberal, “la modernización”, bajo programas como inicialmente el PRONASOL (fueron sus operarios) y los relacionados, y sistemas más estables de cooptación y disciplinamiento como el Sistema Nacional de Investigadores, el Sistema Nacional de Creadores y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Da la impresión de que así como López Obrador cita el artículo sobre la Crisis en México de Daniel Cossío Villegas como fuente de inspiración ideológica, está siguiendo un programa determinado por la definición del estado mexicano como Ogro Filantrópico por Octavio Paz. Decía Paz que “en México el Estado pertenece a la doble burocracia: la tecnocracia administrativa y la casta política”. Justamente los dos sectores con los que AMLO ha chocado y descrito como “elefante echado” (lo cual puede ser causa de sabotajes en instalaciones controladas por sindicatos del PRI, como el del incendio del centro de control del metro de la Ciudad de México y el apagón del noreste del país). Y su descreimiento en los intelectuales tradicionales (que él llama orgánicos), quizás se deba a haber visto los nombres de varios de ellos en los recibos de la campaña del PRI por la gubernatura a Tabasco en 1994, que le descubrió el mecanismo mediante el cual el régimen financiaba hasta a sus opositores. La relación del actual gobierno con la Universidad nacional (UNAM) es un poco paradójica, porque a pesar de ser alto reservorio de votos para la izquierda desde los años 60, al mismo tiempo, la aristocracia propia que la gobierna le dio refugio al PRI desde el año 2000. Históricamente no es una novedad porque la universidad siempre se ha convertido en baluarte conservador contra gobiernos liberales tanto en 1833 contra Gómez Farías como contra Cárdenas.

Por estas políticas de austeridad que implican la limitación de los topes salariales en el presupuesto público, tanto el poder jurídico como el poder electoral se han rebelado abiertamente contra el poder ejecutivo, con lo que entramos a un proceso electoral en donde las autoridades judiciales y el Instituto Federal Electoral no tienen el menor asomo de neutralidad, sino que son partes beligerantes e interesadas en derrotar al proyecto del poder ejecutivo.

El giro del populismo de López Obrador efectivamente rompe con la prioridad como referente de la sociedad civil, es decir de la sociedad organizada, la que tiene visibilidad mediática y política; y establece en su lugar como referente explícito al 70% de la población que vive en ese abismo que implica cuando no la exclusión total o incluso violenta, si la informalidad, la escolaridad deficiente sino inexistente y la no visibilidad mediática y académica, que ha sido y es el caldo de cultivo de la necroeconomía que se apoderó desde el sexenio de Fox de territorios completos como el estado de Tamaulipas y la tierra caliente de Michoacán y Guerrero. A eso apuntan programas que la oposición nunca reconoce o menciona porque no los considera parte de la función del gobierno. Entre estos el de apoyo a jóvenes para primer empleo y sembrando vida (subsidio a campesinos para reforestar), el subsidio producción para el bienestar a campesinos, pensiones a todas las personas mayores y niños discapacitados, además de las becas a estudiantes de todos los niveles -todos estos pagados adelantados a la veda electoral- y el incipiente proyecto de las universidades Benito Juárez que tiene detrás la idea de que la educación deje de ser un vehículo de jerarquización social para ser un medio de integración social y a la economía productiva. Y sin embargo, AMLO no se ha olvidado de temas de la izquierda tradicional cuando ha iniciado el primer programa de recuperación de niveles salariales desde 1976, y frente a la medida neoliberal de 2016 de medir la pensiones en UMAS para desvincularlas de las negociaciones salariales (casualmente recién activado antes de las elecciones por la Suprema Corte de Justicia), proponer un sistema de compensación, entre otros.

Esta definición populista teniendo como referente al 70% mayoritario de la población guía también la ambigüedad con que discursivamente se comporta frente a temas como la religión y el feminismo, y sobre todo, porque, desde las campañas en Tabasco, se deslindó abiertamente de la izquierda socialista, pero le ha bastado en realidad ser consecuente con las ideas de los liberales mexicanos del siglo XIX para aplicar medidas que recomendaba Marx en relación a la comuna de Paris, como la revocación del mandato de los funcionarios, la reducción de salarios de los cargos públicos y el fin de los privilegios de la burocracia. Así, por ejemplo, en el caso de las actitudes respecto a la epidemia y a las acusaciones contra el candidato Salgado Macedonio, no asume un papel paternalista autoritario adjudicándose la decisión final -que además no le incumbe, si participara, regresaríamos a la relación presidente-partido tipo PRI-; sino que la regresa a los individuos vía encuestas y en última instancia la votación (incluso sin decir explícitamente que, por ejemplo, el caso Salgado Macedonio fue creado en tiempos electorales por el fiscal del estado de Guerrero al filtrarlo a la prensa pero sin procesarlo, cuál era su obligación).

De ahí la “polarización” que acusan los medios de comunicación y los líderes empresariales. En lugar de ser los actores referentes principales de lo que el proyecto neoliberal construyó como “democracia moderna”, no soportan el esfuerzo que el presidente ha hecho por abrir ese campo a la inclusión de ese enorme campo como referente de las políticas, pero, sobre todo, del presupuesto público. De ahí la violencia con que se ha hecho evidente el clasismo y el racismo que siempre, dada nuestra conformación original colonial de 300 años, ha sido característica de las clases propietarias del país. El regreso con el neoliberalismo a la prioridad de estas clases (recordar, por ejemplo la rebelión empresarial que cambió al PAN desde adentro en los años 80) como actores públicos con derecho de prioridad (derecho de picaporte), es lo que sienten estar perdiendo. Y otra característica cultural de estas clases es que aceptan que se les niegue algo, pero que no se les evidencié su inmoralidad, de ahí el sentirse ofendidos. Al mismo tiempo, se suma a la oposición que se siente ofendida los sectores dependientes del gasto público que de dientes para fuera repudiaban una relación paternalista y corporativista; pero que en realidad es lo que le han estado exigiendo no al poder ejecutivo, sino de manera personal al presidente, porque era la relación que tenían con los anteriores.

Finalmente, dentro del repertorio de acciones antipopulistas de las élites locales y las empresas trasnacionales, se encuentra, como se demostró en el golpe de estado de 2019 en Bolivia, el uso de causas y movimientos antisistémicos como una tenaza “progresista” que protesta por causas ambientales (el proyecto TIPNIS en Bolivia, el Tren Maya en México) o, como en México, el uso que se le está dando al feminismo. Es decir, la instrumentalización de causas éticamente solventes para tirar a un gobierno, pero sin el compromiso de actuar en consecuencia tras su caída.

 

Elecciones en coyuntura de Crisis múltiples.

          Nos encontramos entonces en un escenario electoral donde las elecciones a cargos territorialmente representativos, en este sentido locales (presidentes municipales, 15 gobernadores, diputados locales y federales y senadores) quedan subsumidos bajo una confrontación de proyectos (el continuismo del anterior régimen neoliberal y el neopopulismo del actual gobierno) por lo que aparece más bien como un plebiscito sobre el actual gobierno. Donde además, por la ingeniería social operada por el anterior régimen los organismos organizadores, supervisores y de decisión (el Instituto Nacional Electoral y el poder judicial) y por sus posicionamientos actuales, aparecen como miembros del bloque político de la opción del anterior régimen y no como organismos neutrales. En una condición, además, de que confrontan al presidente que ha recibido más votos en la historia de México incluso bajo el control del proceso por parte de estos mismos organismos. Y a esto podemos agregarle un indicador más débil, pero que por decisiones políticas recientes -como el regreso a la vida política del líder moral del PAN, Diego Fernández, y el reconocimiento que le ha dado el presidente- que es que, según las encuestas recientes, el presidente tenía en Marzo un 66% de popularidad y el partido MORENA un 52% de intención del voto. Es decir, que el presidente aparentemente tiene más legitimidad que los organismos electorales.

          En esta situación confluyen además las dinámicas de otras crisis particulares:

1)    El inagotable déficit democrático que se divide en:

a)    La inagotable búsqueda del modelo electoral perfecto bajo la idea de una “legitimidad por desempeño” que ha llevado a un continuo cambio de las formas institucionales y de los procesos del sistema electoral como forma de procesar la siempre presente sospecha de fraude que mantiene la percepción pública de que desde 1988 a la fecha se trata más bien de instituciones hechas para gestionar la continuidad de un proyecto político.

b)    La incapacidad de los partidos políticos mexicanos de elegir tanto sus dirigencias como sus candidaturas mediante votaciones demuestra el nivel real de subdesarrollo político nacional, incluso si este fenómeno se debe en parte a la intervención violenta e interesada de los narcopoderes y los cacicazgos regionales tradicionales (hay que tener en cuenta la enorme cantidad de asesinatos de líderes políticos locales desde la campaña de Carlos Salinas de Gortari como una constante del proyecto neoliberal).

2)    La crisis del bloque político y social identificado con el proyecto neoliberal impuesto mediante el fraude electoral de 1988 que aunque han acordado una alianza electoral (Vamos por México), ha sido incapaz de presentar un proyecto alternativo al del gobierno, y sus actividades se resumen a acusar al actual gobierno de no respetar las reglas e instituciones impuestas por los anteriores gobiernos. Asimismo, esta alianza tampoco ha sido capaz de generar liderazgos que puedan confrontar el carisma y capacidad intelectual del actual presidente, viéndose obligados a regresar a la vida política a un personaje de las elecciones del 88 y 94.

3)    La crisis del partido que llevó al actual presidente a ganar las pasadas elecciones. Según las encuestas el partido que encabezó al presidente sigue teniendo mucha ventaja en la intención de voto. Sin embargo, siempre se han tenido razonables dudas sobre su funcionamiento como partido. Formado explícitamente para impulsar un proyecto político muy identificado con un líder, por lo que podría decirse también, que se formó para llevar a determinado líder al poder, nunca ha podido tener un funcionamiento normalizado y una verdadera vida partidista. Además, como es común en la historia de varios partidos, cuando llegan al poder o para acceder al poder, el líder tiene que contravenir la voluntad mayoritaria del partido con lo que le genera una profunda crisis (recordemos a Felipe González en España). Si bien al formar el partido el líder propuso formas casi ultrademocráticas de selección de líderes y candidatos (uso de tómbolas), al momento de la elección clave de 2018 pasó por encima de los militantes locales y decidió las candidaturas de la forma más pragmática posible, llevando al poder a personajes sin ninguna relación con las trayectorias ni siquiera de sus propias movilizaciones. Después, ya como partido en el gobierno, el presidente ha mantenido una neutralidad frente al partido, pero entonces la selección del nuevo dirigente fue una crisis profunda sin solución por dos años, incluyendo la intervención descarada del presidente del Instituto Nacional Electoral y organismos afines. Y finalmente el nuevo líder, frente a las nuevas elecciones, ha optado por el mismo pragmatismo de escoger personalmente candidatos totalmente divorciados de los principios y prácticas enunciadas por el partido. Esto ha llevado a que MORENA va a las elecciones como un partido partido entre los militantes (ciudadanos) por un lado y la dirigencia y sus candidatos (funcionarios y clase política tradicional) por el otro. Y que confronta a sus militantes y votantes a un dilema moral de votar por el proyecto presidencial pero abominando del carácter moral o político de varios candidatos y sus equipos (Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí, por ejemplo). Da la impresión de que a través de la dirección de Mario Delgado la clase política tradicional ha colonizado desde adentro a MORENA.

4)    Un déficit general de capital humano a nivel nacional. Por un lado el carácter plebiscitario que encuadra a las elecciones resta a los ojos del electorado importancia a las personalidades de los candidatos locales, cuestión que además es promovida por los líderes de los partidos, que así tienen más libertad para negociar para su provecho personal las candidaturas. Esto ha permitido que literalmente cualquiera pueda ser candidato, o se pueda imponer a personajes que usando el modismo español “son impresentables”. Pero detrás de esto, esta también la muy evidente situación de que no existen ni en los partidos de oposición, ni en el partido en el gobierno, personalidades con, ya no proyectos políticos (como no sea su propia promoción, claro), sino ni siquiera ideas públicas o acciones de liderazgo. Es demasiado evidente la mediocridad intelectual y política de los actores actuales de la escena electoral.

 

Referencias Bibliográficas:

Bobbio, Norberto (1995). El futuro de la democracia. Fondo de cultura económica. México.

Colomer, Josep (2015). El gobierno mundial de los expertos. Ed. Anagrama. Barcelona.

Sassen, Saskia (2013). Territorio, autoridad y derechos. Katz. Buenos Aires.

González, Berna (2021). Yanis Varoufakis: “En la luna hay tanta democracia como oxígeno en la Luna, cero”. Periódico el País. 13 de marzo.

Guamán, Adoración (2015). TTIP el asalto de las multinacionales a la democracia. Akal. Madrid.

Ortega, Joel (2021). El partido comunista mexicano 1963-1981. https://estepais.com/home-slider/el-pcm-un-legado-contradictorio/?fbclid=IwAR0NjELrwuKrwfB5G5Mm0t9A3nZk_PuZtk5Ial5OJnD9Pz01AGKbG4VMfhY

Theys, Jaques y Bernard Kalaora (comps.) (1996). La tierra ultrajada: los expertos son formales. Fondo de Cultura Económica. México.

Uribe Iniesta, Rodolfo (2009). El Esfuerzo persistente. Desarrollo, infraestructura, integración regional y medio ambiente en Tabasco, 1955-2008, en Carlos Ruiz Abreu y Andrés Fábregas, Historia Contemporánea de Tabasco, Tomo II. Gobierno del estado de Tabasco, Villahermosa.