La Reforma Energética es sólo la Renuncia a Tener una Política Energética: Los Impactos Territoriales.                                                         

Rodolfo Uribe Iniesta.

Lo primero que llama la atención del Decreto de la Reforma Energética promulgado por el actual gobierno federal es el tono hostil y de desconfianza intrínseca que mantiene tanto contra PEMEX como contra el propio poder ejecutivo federal. Es un decreto del gobierno basado en la desconfianza en el propio gobierno. El tono general es el de los tratados que se firman después de la ocupación militar de un país. Recuerda por ejemplo el caso de la intervención de Estados Unidos en Haití a finales del siglo XIX cuando el gobierno estadounidense incautó la única actividad entonces rentable del país: la aduana. Antes que dar tareas al gobierno y a los ciudadanos, el contenido de las Reformas Constitucionales pone límites, vigilancia y candados a sus actividades, mientras los pone al servicio de las empresas contratistas, sin mencionar un solo derecho a los ciudadanos ni como propietarios de territorios, como consumidores ni como trabajadores. En este sentido la Reforma no sólo incluye reglas para promover el trabajo de productores y distribuidores privados de la energía y reorganizar la administración federal para establecer un complejo y conflictivo organigrama para hacer una laxa regulación del sector sino que se constituye en lo que Michel Foucault, Gilles Deleuze y Felix Guattari llamarían medidas y dispositivos de disciplinamiento, que ante todo tienen el objetivo de someter tanto a la burocracia federal como a la  nunca mencionada ciudadanía, a las reglas y necesidades de las empresas productoras incluso antes de su entrada formal (por ejemplo el que CFE no devolverá el dinero de cobros excesivos que tienen que ser pagados forzosamente). El único objetivo propio y justificación del gobierno que se observa es que supuestamente se va a recabar más ingreso monetario-financiero, bajo la simple lógica de que al extraerse más petróleo y gas, venderse más gasolina, y producirse más electricidad, se van a cobrar más derechos e impuestos por parte de la Federación (ingresos que vendrán supuestamente de la exportación, pero también de los consumidores nacionales). Todo el resto de los elementos del panorama queda subsumido y hasta diría sacrificado a este único principio y razonamiento guía. Sobra decir que lo que sustenta el bajo costo de producción de los hidrocarburos mexicanos, el ocultamiento de los costos sociales y ambientales, se mantiene. El medio ambiente y la calidad de vida de los mexicanos seguirán subsidiando las ganancias de las empresas extranjeras tal y como lo hacen hoy con PEMEX.

            La Reforma Energética promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, no es una Reforma, porque ello implicaría generar una política energética y justamente, lo que hay en los documentos, en las modificaciones constitucionales y en el cuerpo de la legislación secundaria, es la renuncia explícita de la Nación, Gobierno o Estado, a tener una política energética. Y en efecto, en la reformulación de toda la legislación energética que ha implicado, no se establecen las bases para definir una gestión ni de la crisis de producción de energéticos, el fin del petróleo, ni para confrontar el calentamiento global, ni definir formas de producción, distribución y consumo de energía para las necesidades futuras del país, no se define la relación de la producción, distribución y consumo de energía con la sociedad o país que queremos, ni por supuesto con las condiciones de calidad de vida y medio ambiente deseables y los medios para lograrlo. En realidad estamos ante la consumación negativa de una deliberación que inició Heberto Castillo cuestionando el dogma de la obligación de vender el petróleo a EU, y además de venderlo lo más rápido posible. Con la nueva legislación se llegó al extremo de asignar yacimientos y tareas productivas y pagar por ellas a empresas extranjeras, que además recibirán gratuitamente por obligación explícita de la nueva ley, todo el bagaje de conocimiento técnico acumulado históricamente por PEMEX y el Instituto Mexicano del Petróleo. En todos los textos no se mencionan formas de “importar” o “incorporar” nuevas tecnologías para que los mexicanos o sus empresas, especialmente la nacional, PEMEX, puedan hacer lo que no pueden hacer ahora. Pero sí es explícito, desde la modificación constitucional que PEMEX ha de ceder todo su conocimiento y experiencia histórica.  Y la velocidad importa muchísimo en la explotación petrolera y la extracción de gas. La industria petrolera es intrínsecamente una industria de booms, de expansiones súbitas y caídas igualmente súbitas. Pero al mismo tiempo es intrínsecamente una industria que reorganiza territorios y paisajes (destruye el orden anterior). A la industria petrolera le gusta estar deslocalizada para poder entrar y salir según sus propias necesidades sin estar atada a ningún compromiso social, ambiental, nacional y moral. Lo aprendieron en la primera guerra mundial cuando en parte abandonaron la Huasteca para asaltar Venezuela. Lo único que le da continuidad y responsabilidad respecto a los territorios y las sociedades es la intervención estatal. Por eso se sienten cómodas trabajando en territorios en crisis social y de hecho en guerra, trabajando con ejércitos propios como lo hacen en el Delta del Níger (ver Carías, 2014 para ver lo que están haciendo las mineras ahora). De hecho en México ya las cuadrillas petroleras de PEMEX y las empresas concesionarias tienen que pagar a los Zetas y otros carteles el derecho de piso por pasar a trabajar en determinados pozos. Esta manera normal de trabajar de la industria petrolera ha sido descrita por Michael Watts y Anna Zalik como Petroviolence (Petroviolencia).

 La creación de una sociedad petrolera y la continuidad de la actividad en los llanos costeros del Golfo de México ya por casi 100 años se debe a la rebelión continua de los obreros petroleros mexicanos que apuntalaron la expropiación petrolera y crearon una actividad con compromiso nacional y social, y que aun así, cuando se sometió a los imperativos financieros nacionales y los tiempos de explotación-exportación impuestos, resultó ser invasiva y destructiva. Y es que la velocidad también determina los componentes técnicos y la expansión, forma y sentido de la infraestructura, y en una relación directa, se traduce en mala explotación de los yacimientos, contaminación y en impactos sociales y económicos negativos para las sociedades, territorios y paisajes locales, como se demostró en Tabasco en los años 70 y antes en Tamaulipas en los primeros decenios del siglo XX (Ver Beltrán, 1985; Uribe, 2003 y 2009; y Santiago, 2009).

            Lo que más llama la atención y más importante, es que la redacción de la iniciativa para modificar la constitución tiene la sintaxis y forma de lo que han sido las cartas de intención firmadas con el Fondo Monetario Internacional desde 1976. Por eso  en 1977 (y después de la experiencia de confrontarse con los campesinos y propietarios rurales tabasqueños que fueron aplastados) se hizo la modificación a la Ley Petrolera que declara  a la actividad petrolera como prioritaria frente a cualquier otra, lo que la nueva Reforma profundiza, pero además a beneficio de empresas extranjeras. Resalta un elemento que las actuales reformas legales evidencian, pero que normalmente en la discusión sobre el petróleo se ha minusvalorado: toda la política petrolera mexicana desde los años 70 ha estado vinculada a la situación financiera del Estado Mexicano, y sobre todo a la relación en este sentido con Estados Unidos. Sólo recordemos que en 1976 el préstamo concedido por el FMI se dio explícitamente sobre la base de asegurar que se tendrían los recursos para pagar por los yacimientos de Chiapas-Tabasco (ver los IMF Summary Proceedings de 1977); el acuerdo de 1982 se dio sobre la base de una venta de petróleo a precio preferencial para la Reserva Estratégica de EU (con lo que se consolidó el precio del crudo y se golpeó a la OPEP); y en 1994, el apoyo directo de EU se dio sobre la base de radicar en un banco de Nueva York los ingresos petroleros y abrir a la iniciativa privada la inversión en petroquímica básica (en los hechos se convirtió en el abandono progresivo de esta actividad por PEMEX y supongo que tiene que ver con la reticencia a construir nuevas refinerías ). La nueva redacción de las reformas constitucionales es tan radical que podría afirmarse que fue redactada por abogados empresariales.

            Cabe preguntarse, si los gobiernos actuales presumen de haber logrado la disciplina financiera y superar las crisis postsexenales, sin devaluación o crisis de la deuda con riesgo de quiebra, como en el 94, ¿Cuál es la motivación para de hecho expedir una nueva carta de intención que ahora entrega materialmente la renta petrolera al control privado, sino es que al propio Fondo Monetario Internacional vía uno de sus exfuncionarios predilectos (Agustín Carstens presidente del Banco de México); y por supuesto abre la participación directa de las empresas petroleras internacionales de los yacimientos de gas y crudo, permitiendo además, explícitamente, contabilizarlos como activos propios? En el mejor de los casos se busca imponer un modelo como el Ruso, que valdría la pena estudiar, y que como sabemos, hoy funciona bajo el esquema de una empresa dominante (Gazprom) con fuerte relación con el poder ejecutivo, y ya con eso basta para darle dolores de cabeza a “Occidente”. En términos mexicanos sería como la relación Salinas de Gortari con el monopolio telefónico de Carlos Slim, o ahora Televisa-Peña Nieto, salvo que en lugar de explotar al propio país, los recursos se obtienen del extranjero, aunque en Rusia el impacto ambiental, como en Alberta, Canadá, o en North Dakota, está siendo brutal y a nadie le importa.

            El otro señalamiento evidente que provocan las Reformas de 2014 es que no son nada nuevo respecto a lo que se buscaba con las de 1994 (cuando se dividió PEMEX en cuatro empresas y se comenzó la política de subrogar funciones, por ejemplo, se cedió la planeación (se contrató) a Bechtel y Halliburton para ello), y por supuesto, son mera continuación de las de 2008. Desde 1994 se profundizó la política de subcontratar para funciones esenciales a empresas privadas extranjeras que trabajaban a su vez contratando a los mismos técnicos de PEMEX quienes eran presionados para renunciar a la empresa. Los hechos fueron que algunos de ellos dentro de esas empresas o fundando sus propias empresas subsidiarias han hecho fortunas tanto dentro del viejo esquema de contratismo, como el que se fue desarrollando desde entonces y que se profundizó con los cambios de 2008. El caso de Oceanografía que ahora es un escándalo, no es un hecho aislado, y no hay que olvidar la relación de esta empresa con el accidente de octubre de 2007 en una plataforma, y que se debió básicamente a que por primera vez en la historia PEMEX decidió no evacuar al personal marino antes de una contingencia metereológica.

            Ya desde 1994 se había definido el patrón que ahora se legaliza tanto para PEMEX como para la producción de energía eléctrica. Tanto la CFE como PEMEX tendrían que quedar sólo como instancias reguladoras para contratar a las empresas privadas que producirían y distribuirían los productos energéticos. La diferencia de la Reforma actual es que las decisiones antes  centralizadas en la CFE y PEMEX, que en el caso de PEMEX ya desde 2008 se habían descentralizado a la Secretaría de Energía, ahora se distribuirán entre ésta, La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Hacienda y vía asignación de recursos el Fondo Mexicano del Petróleo. Con el agregado de que PEMEX seguirá sin tener autonomía presupuestal porque todos sus ingresos irán a  este nuevo “Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo” instalado dentro del Banco de México (Agustín Carstens o sea el Fondo Monetario Internacional) pero controlado por la Secretaría de Hacienda. Subsidiariamente, sometidos a los designios de éste se formarán un “Fondo de Extracción de Hidrocarburos”, otro de “investigación en materia de hidrocarburos” y uno más de “fiscalización petrolera”. El Fondo principal concentrará los ingresos obtenidos por todas las empresas, pagará lo correspondiente a las empresas extranjeras, transferirá a la Tesorería de la Federación lo que requiera el gobierno federal para cubrir el presupuesto de egresos hasta un límite del 4.7%, incluyendo dentro de esto las participaciones a los estados y las asignaciones para que trabajen las empresas estatales de energía. Es decir, al concentrar el manejo de los recursos en este fondo controlado una instancia “autónoma” y la Secretaría de Hacienda, todas las decisiones se concentraran ahora en esta Secretaría, y de hecho, superando el desorden y los pleitos que habrá entre todas estas instancias, el organigrama las presenta -como define la primer función de la Comisión Nacional de Hidrocarburos- como entes “asesores” de la Secretaría de Hacienda.

            En todas las decisiones de Política Petrolera y en todos los acuerdos, tratados y contratos queda siempre un punto en blanco: el de la resolución de las cuestiones territoriales, la cuestión de la superficie. Históricamente la solución siempre ha sido casuística y finalmente una desposesión violenta; y así lo ha representado incluso la narrativa, desde la novelas y películas de la Rosa Blanca( Bruno Traven  y Roberto Gavaldón); Dunes (Frank Hebert y David Lynch)  Petróleo Sangriento (Upton Sinclair y Paul Anderson) y la Película Tulsa (Stuart Heisler). La atención del petróleo siempre es geopolítica y financiera, nunca local. Históricamente el petróleo destruye localmente y como decía Heberto Castillo, “sólo produce riqueza donde se consume”. Cuando se trata de empresas extranjeras no hay miramientos ni responsabilidad y sin responsabilidad podemos tener además los grandes accidentes industriales como el del pozo Dos Bocas en San Diego del Mar, Tamps. En 1908 ardió por 57 días en los que se considera la mayor quema de petróleo a cielo abierto, el doble de lo quemado en la Guerra del Golfo de 1991; y el derrame de crudo, que fue descrito como un volcán, llenó la laguna de Tamiahua.

            Así como en los documentos de aplana el territorio, desaparecen bosques, selvas, ríos, pantanos, ciudades, pueblos, pastizales, milpas y todo lo que no le sea útil al petróleo; tras la definición documental que da prioridad absoluta a la actividad petrolera sobre cualquier uso del suelo, sin más derecho para los propietarios que de buscar una indemnización, obligados ahora a cederlos en propiedad a empresas extranjeras antes de 90 días, peor que antes de la expropiación; viene el aplanamiento físico del territorio que se reorganiza todo en función de las actividades petroleras (parece que en la ley secundaria se amplió a 180). De hecho, como expone Myrna Santiago (2009) para el caso de Tamaulipas antes de la Expropiación, y como fue evidente para Tabasco y el norte de Chiapas, se crea la “ecología del petróleo”. Un particular ecosistema bañado permanentemente por la lluvia ácida (1 millón de toneladas diarias de contaminantes lanzados al aire diariamente en esta zona desde los años 70 hasta ahora), el arrasamiento de los bosques originales para tender bordos, caminos, canales y ductos que cuadriculan todo el paisaje y la erosión de la vida social mediante la inflación, el sometimiento de todos los habitantes a las tareas secundarias y de servicios a la industria y finalmente la corrupción intrínseca que siempre ha promovido la industria que genera además, la idea de que todo puede ser reducido a dinero (el patrimonio, la vida, la salud, el paisaje y no se diga la política y las funciones públicas); además de que ante la exhibición de la riqueza concentrada de quienes reciben sueldos petroleros frente a quienes no, viene la desposesión relativa que lleva desde a cambiar de actividades lícitas y políticas para recibir parte de ésta, hasta, directamente, actos delincuenciales permanentes. Y esto lo refuerza la desposesión absoluta que se da cuando las actividades tradicionales de sustentación, agricultura, pesca, ganadería, plantaciones, etc. se vuelven imposibles por la contaminación o los efectos secundarios. Hay un cambio moral de la sociedad, una modernización en donde se considera que todo es válido en tanto se obtenga dinero y se genera una imparable carrera consumista, que como lo vivió Tabasco entre los 70 y los 80, tiene entre sus efectos evidentes y sobre todo en las zonas rurales, una fuerte desintegración familiar. Cada boom petrolero en cualquier parte del mundo, reproduce lo mismo exactamente, incluso cuando se da a pequeña escala como ocurrió en la Península de Atasta, Campeche entre 2000 y 2003, por ejemplo. De hecho, el antropólogo venezolano Rodolfo Quintero (1972) llegó a definir una “antropología del petróleo” para describir la sociedad que surge localmente alrededor de la exploración y explotación de los campos petroleros.

 El impacto ambiental es tan fuerte que en 1999 un estudio de la UNAM y el Instituto Batelle, ante el cambio de acidez de la tierra de la región del sureste mexicano, más que remediar los suelos propuso cambiar de cultivos por unos que pudieran soportar la acidez. Y un punto que siempre se ha mantenido en silencio, es el de la deposición de los excedentes de perforación que son altamente cancerígenos y contaminantes y que en el caso de Tabasco ninguna autoridad ha querido confrontar el problema mientras simplemente se quemaban al aire libre a 5 kilómetros de Villahermosa y su ceniza se acumulaba en el suelo o era usada como relleno para caminos y calles. Se supone que la inundación de 2007 resolvió el problema de las cenizas: el agua se las llevó y las repartió en todas las tierras agua abajo con todos sus elementos cancerígenos (ver Uribe, 2009).

            La preeminencia de la actividad petrolera ya había sido dada a PEMEX desde 1977, y se había ampliado, con los cambios del 2008, incluyendo el permiso a los privados para realizar la actividad que más accidentes genera, con 5 comunidades volatilizadas en Tabasco: el manejo de ductos. Ahora, simplemente se transfiere esa autoridad a las empresas extranjeras a las que las Secretarías de Hacienda y Energía concedará los bloques de exploración, exploración o transporte de hidrocarburos. PEMEX acumula 3 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su irresponsable relación con la explotación del recurso, el medio ambiente y la sociedad. Ninguna de las 3 recomendaciones ha sido cabalmente cumplida hasta ahora, a pesar de que PEMEX es el propio estado mexicano. ¿Qué podemos esperar de las empresas extranjeras a quienes se les concede tanto poder ilimitado a nivel local, manejadas por chinos y venezolanos? ¿Qué clase de relación vamos a tener a nivel local? En la nueva Reforma no existe una palabra para mediar estas relaciones, para limitar las acciones de estas empresas.

            Y aún antes de esta Reforma, con los cambios de 2008, ya tenemos situaciones novedosas. El 9 de mayo de este año apareció quemado dentro de su propio automóvil el líder yokotán (chontal) de Nacajuca, Tabasco, Federico Hernández Hernández.  Había lidereado las reclamaciones por indemnizaciones por daños ambientales a las comunidades indígenas por la explosión e incendio del pozo Terra 123. Dicho pozo permaneció ardiendo 56 días entre octubre y diciembre de 2013. Como parte de las reclamaciones los indígenas bloquearon varias veces los 170 pozos que se encuentran activos en el municipio. Desde 1976 la población tabasqueña se ha visto obligada a movilizarse políticamente por reclamaciones por los daños ambientales producidos tanto por la actividad normal de la industria petrolera como por los provocados por fugas y explosiones, lo novedoso en este caso es que si bien se había sospechado de que la muerte de algunos líderes o participantes en las movilizaciones pudieran ser provocadas, hasta ahora nunca se había dado el caso de un asesinato tan flagrante, de hecho, una ejecución al modo del narco. De acuerdo con la información disponible el pozo fue perforado y era operado por la compañía privada Schlumberger, pero tras el accidente la compañía fue cubierta totalmente, incluyendo en las negociaciones de indemnizaciones que no satisficieron a los pobladores, por PEMEX. No sólo eso, los campesinos achacan el asesinato directamente a PEMEX, a pesar que desde 2011 el acceso a los campos donde se encuentran estos pozos son controlados por guardias de una empresa privada que se autoasigna jerarquía de policía o ejército para controlar la circulación por carreteras públicas. Queda claro el esquema de asignación de pozos, y desde el 2008 campos “maduros”, y ahora de todo tipo, a compañías privadas quedando PEMEX como el mediador con la sociedad para absorber los costos sociales, políticos y económicos de los errores y daños provocados por las privadas. Y queda sentado el antecedente de un asesinato tipo “Narco” contra los líderes comunitarios.

            Esto ocurre en un ambiente de todos conocido, en el que por la vía de los hechos los narcotraficantes controlan política y económicamente todas las actividades económicas legales y por supuesto ilegales a lo largo de todo el Golfo de México con las conocidas actividades de cobro por “derecho de suelo” a todo pequeño propietario, empresario, profesionista independiente o comerciante, compra, despojo y acaparamiento abierto o encubierto de las principales grandes propiedades ganaderas de toda la planicie desplazando a los terratenientes tradicionales y gracias a las nuevas leyes, a comuneros y ejidatarios, y estableciendo el control y terror sobre las poblaciones urbanas mediante el secuestro, además de la administración de las rutas y formas de migración en el corredor Tabasco-Matamoros, Nuevo Laredo, y por tren por el centro de la República ejerciendo violencia irrestricta y desmedida contra los migrantes. Desde el 2006, cuando se declaró la Guerra contra el Narcotráfico, se vive en cada uno de los 4 estados involucrados (Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas) un clima de terror local establecido no sólo por las balaceras en lugares públicos, sino por acciones propiamente terroristas como la siembra de cadáveres en lugares públicos y el asesinato selectivo de personajes notables de cada sector social. De manera extraña se maneja cada crisis en cada estado como situaciones independientes, cuando el territorio efectivamente controlado y esquilmado mediante despojos y extorsiones coincide con el territorio normalmente considerado como petrolero, tanto por la extracción como por el transporte de hidrocarburos.

            Todo esto también constituye obviamente,  un pesado “dispositivo” disciplinario sobre el cual cómodamente pueden instalarse ya las nuevas empresas que vendrían a llenar el hueco dejado tanto por PEMEX como por el estado mexicano. Si tienen ya el control territorial local práctico, ahora estarán apoyados por todo el peso de la ley que sustentaba el control estatal monopólico, que simplemente heredan.

La conclusión es que las modificaciones constitucionales y las nuevas leyes sobre energéticos respaldan y legalizan la pérdida de soberanía del Estado sobre los territorios petroleros, y la pérdida de derechos de los ciudadanos mexicanos de éstos sobre sus propias tierras, medio ambiente y vida. Nos han dicho que necesitamos capitales para explotar nuestros territorios, pero la verdad es que es el capital el que necesita de nuestros territorios. Todo es al revés.

Bibliografía.

Beltrán, José Eduardo. 1985. Petróleo y Desarrollo. Villahermosa. Centro de Estudios e Investigaciones del Sureste.

Carías, Alfredo. Minería Militarizada en la Frontera entre El Salvador y Honduras. http://www.contrapunto.com.sv/index.php/cpsociedad/item/6600-mineria-militarizada-en-las-fronteras-entre-honduras-y-el-salvador

Quintero, Rodolfo. 1972. La Antropología del Petróleo. Ed. Siglo XXI.

Santiago, Myrna. 2009. The Ecology of Oil. Environment, Labor and the Mexican Revolution, 1900-1938. New York. Cambridge University Press.

Uribe Iniesta, Rodolfo. 2003. La Transición entre el Desarrollismo y la Globalización, Ensamblando Tabasco. Cuernavaca. UNAM.

Uribe Iniesta, Rodolfo. 2009. El Esfuerzo Persistente: Desarrollo, Infraestructura, Integración Regional y Medio Ambiente en Tabasco 1957-2008. En Historia Contemporánea de Tabasco. Vol. II. Gobierno del Estado de Tabasco.

Watts, Michael. Petroviolence. http://escholarship.org/uc/item/7zh116zd#page-1

Zalik, Anna. The Niger delta: ‘petro violence’ and ‘partnership development’  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03056240420005512?journalCode=crea20#preview