lunes, 27 de mayo de 2024

 

2024 en México, elecciones, ¿Proyectos alternativos de nación o regreso de la clase política?[1]

                                                                  Rodolfo Uribe Iniesta.

 

Aunque desde el inicio de las precampañas electorales la ventaja  de la coalición dirigida por el partido en el poder, el Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA), sobre los partidos tradicionales que representan lo que puede describirse como el bloque histórico de las reformas neoliberales (1988-2018) ha sido según las encuestas mayor de un 20% y así se ha mantenido estable, el proyecto llamado de la Cuarta Transformación (4t) corre el riesgo de perder continuidad, sea mediante procedimientos de guerra judicial que condicionen o desconozcan los resultados electorales (más allá de las tradicionales prácticas de fraude electoral), o, incluso desde adentro, por la falta de identidad e identificación de sus propios candidatos, como lo ha demostrado el desempeño de varios de los gobernadores y congresistas electos en 2021.

El programa, los discursos y diferentes acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aunque siempre ha manifestado inspirarse en el texto de la Crisis en México de Daniel Cosío Villegas de 1957, más bien parecieran seguir los lineamientos establecidos por Octavio Paz (1979) en el Ogro Filantrópico donde establece que el núcleo del estado mexicano era la colusión de dos burocracias: la administrativa y la militar. Y aunque ya desde el principio de sus campañas en Tabasco en 1988, AMLO declaraba que su objetivo único era combatir la corrupción, considerando que con sólo acabar con ella el país era viable, justo contra quien se ha estado confrontando es con la burocracia federal y la de las instituciones autónomas a las que se les había descentralizado funciones de gobierno, los nuevos millonarios generados bajo el proceso neoliberal y de manera sorda a las corporaciones multinacionales asociadas a los anteriores. La mayor fuente de acumulación originaria de nuevas fortunas privadas durante este proceso se realizó mediante la participación como funcionarios del gobierno o el tráfico de influencias en las privatizaciones, concesiones y contratos de gobierno[i]. Entre 1988 y 2018 fue clara la desproporción entre el crecimiento en la producción de riqueza y la producción de millonarios y multimillonarios. Y no se trata, de un hecho sorprendente bajo un régimen neoliberal, sino justamente, bajo esta ideología es un objetivo explícito transferir la riqueza pública a individuos o corporaciones privadas, que se definen como los únicos generadores de actividad económica, trabajos y riqueza.

Entonces el gobierno de AMLO chocó con lo que podríamos calificar de bloque histórico, a lo que él se refiere como oligarquía y que es la conjunción de estos intereses dirigidos por lo que también él  llama la mafia del poder.[ii] Retomando el concepto de Gramsci, Portelli (1981,10) y Pizzorno definen al bloque histórico como una particular articulación hegemónica entre la estructura económica y la política con “un sistema de valores culturales que penetra, expande, socializa e integra un sistema social” en el que tienen un papel central los que pueden calificarse como “intelectuales orgánicos”. Sólo así podemos explicarnos al colectivo social surgido del neoliberalismo mexicano donde los ideólogos han sido los economistas, los conductores de noticieros y académicos que amalgaman, legitiman y naturalizan la relación entre los políticos, los empresarios beneficiados por las privatizaciones y que ahora además se les canceló la condonación de impuestos, los medios corporativos de comunicación que recibían enorme transferencias del gobierno, las burocracias doradas que terminan constituyéndose como aristocracias, las corporaciones extranjeras y las masas aspiracionistas que se califican de clase media y cuya ideal es el consumismo y ser parte de la nueva clase ociosa.

Jenaro Villamil (2018, 12) describe muy bien el funcionamiento particular de este sistema con el concepto de Cleptocracia, diciendo que ésta, “a diferencia de la mafia, transforma lo que son bienes públicos en bienes privados. La corrupción en la cleptocracia no es la excepción, sino la regla, y no es una práctica ajena a la institucionalidad sino el hecho que explica su funcionamiento”. Pablo Hiriart (2022) hace un recuento de todo lo que este bloque histórico considera como agravios de parte de las acciones del gobierno de Andrés y todos tienen que ver con haber detenido grandes negocios privados financiados por el estado, como la compra de medicinas a un oligopolio propiedad de políticos, la construcción del aeropuerto en Texcoco y la apertura progresiva del control de la producción y distribución de la energía eléctrica y los energéticos a empresas privadas y extranjeras. Como agravios hay que sumar el cese de la condonación de impuestos a empresas oligopólicas y el buscar obligar a los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), los ministros de la Suprema Corte de Justicia y demás directivos de organismos autónomos a limitar su sueldo al nivel del salario del presidente. La colusión de instituciones públicas autónomas y estos intereses fue manifiesta con la participación del poder judicial descalificando las decisiones tomadas por el poder legislativo en estos campos, además de intentar detener todas las obras de infraestructura del sexenio. Y, por supuesto, auto ampararse, como jueces y parte para mantener intactos sus sueldos y prestaciones. Una estrategia de obstrucción y negación que casualmente también se está llevando a cabo de manera similar contra el presidente Gustavo Petro de Colombia, y que en ambos casos demuestra que una cosa es estar en el gobierno y otra tener el poder. No sólo por la existencia de poderes fácticos sino justo por la estrategia neoliberal de descentralización -de facto- en organismos autónomos.

Esta confrontación caracterizó la dinámica política del sexenio, pero también es el choque que representan estas elecciones, y explica porque más que competencia entre las candidatas punteras se discuten en la propaganda y los debates los defectos y logros del actual gobierno. Y explica que, ahora, mediante lo que podríamos describir como parte de la pared mediática del oligopolio informativo llega al grado de que en el primer debate, los moderadores -cada uno de uno de las dos cadenas monopólicas de televisión- partieron en todos sus cuestionamientos de dar por hecho la propaganda de la oposición y no partir de las condiciones señaladas por la información oficial como los de la recuperación económica (empleos creados, reducción de la pobreza, tipo de cambio, nivel de endeudamiento, apoyos universales a población sensible, etc.).

 

Las elecciones presidenciales, de seis gobernadores, del congreso y presidencias municipales mexicanas de 2024 se celebrarán en una coyuntura mundial en la que está en riesgo el propio orden y leyes internacionales establecidos tras la segunda guerra mundial como lo está demostrando la defensa de los países europeos y Estados Unidos de la abierta violación del mismo con el genocidio que se ha venido cometiendo contra la población palestina. Y por otra parte con incidentes que no tienen relación pero son similares: el mismo día que Israel bombardeó el consulado de Irán en Damasco, Siria, Ecuador allanó por la fuerza la embajada de México para secuestrar al líder político de la oposición que estaba en condición de asilado político. Violaciones violentas de la Convención de Viena de 1961 y de uno de los principios básicos de las relaciones internacionales como lo recordaría el propio Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en la reunión del 9 de abril. Si estos actos quedan impunes y se normalizan serían síntoma  de una reformulación de las formas de orden o relaciones internacionales.

 

Estas elecciones están siendo las de mayor grado de sintonización e intervención extranjera que se hayan dado en la historia, como lo ha hecho evidente el que la campaña sucia mediática y en redes sociales que identifica al presidente y a la candidata de su partido como “narcos” se inició con tres publicaciones en medios extranjeros (Pro Publica, INsight Crime y Deutsche Welle) con información de la Administración para el control de las drogas, DEA, del gobierno de Estados Unidos. Y Stephen Engelbert, editor de Pro Publica, aceptó que los tres medios se pusieron de acuerdo para sincronizar la publicación a petición de la DEA [iii]. Llama la atención que se rescata una vieja acusación sobre la campaña presidencial de 2006 que supuestamente y con grandes señalamientos de fraude ganó por 0.5% de los votos Felipe Calderón. Se trató de una investigación con base en una mención de un testigo protegido, que en su momento fue descartada.

Esta campaña parece querer proyectar sobre el actual gobierno, lo que quedó corroborado en un juicio en Estados Unidos, donde el principal funcionario del sexenio que comenzó en 2006 (que de acuerdo con el testimonio del expresidente francés Nicolás Zarkozy [iv] era quien realmente tomaba las decisiones), fue condenado por su asociación con los carteles de drogas, probando el hecho de que al mismo tiempo que se sacó al ejército a las calles y se declaró una guerra contra las drogas, iniciando una espiral de violencia en la que sigue envuelta el país, operaba un narcoestado. Por su parte, el director de la DEA en México entre 2020-2022, Nick Palmieri, fue expulsado de la misma por sus contactos con abogados defensores de narcotraficantes y gastos ostentosos[v].

Toda esta campaña parece seguir a la letra uno de los 10 consejos de guerra sucia de Goebbels, el número 3, el principio de transposición: cargar sobre el adversario los propios defectos (mediante otras medidas están siguiendo de hecho los diez).[vi]

Teniendo como antecedente la visita a la sede de la Organización de Estados Americanos del entonces presidente del INE en 2023, Lorenzo Córdova, donde advirtió que la democracia mexicana estaba en riesgo[vii], la campaña comenzó inmediatamente después de que la candidata de los partidos tradicionales (PRI, PAN y PRD) visitara a funcionarios e instituciones (Consejos editoriales de Washington Post y New York Times, con Telemundo y lo que describió como think tanks como el Wilson Center, con el Departamento de Estado y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA [viii]) en Washington y Nueva York. Visitó también a personajes del mundo empresarial y de la extrema derecha en Madrid, incluyendo el expresidente Felipe Calderón. La misma candidata informó en conferencia de prensa[ix] que pidió la vigilancia del gobierno de Estados Unidos y la OEA en las elecciones insinuando que se estaba dando un fraude o elección de estado a través de las conferencias matutinas del presidente y los programas sociales. Dijo entonces también que el asunto del petróleo no era la soberanía nacional sino la seguridad jurídica para los inversionistas.

Estas acciones y la actitud de reconocer la superioridad moral de los países coloniales, demuestra la identidad y continuidad con los conservadores del Siglo XIX.

 

Como nunca, también, la competencia entre dos proyectos de nación se da en medio de una división internacional que atraviesa tanto a España como a Latinoamérica, y que se manifiesta abiertamente con las acciones de una especie de “internacional de derecha”, que hasta ahora ha tenido éxito con el triunfo de Javier Milei en Argentina y Daniel Noboa en Ecuador. Y que, en última instancia, claramente se muestra como una confrontación entre los proyectos de autonomía nacional para el aprovechamiento de los recursos naturales y manejo de políticas financieras por parte de los gobiernos nacionales, apodado populismo por los medios de comunicación y los académicos, y los que proponen -como se está demostrando en Argentina- un regreso al neoliberalismo más agresivo con privatizaciones, dolarización y sometimiento total al Fondo Monetario Internacional. Ahora se le agrega la intervención directa de la Comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, en estos dos países (en septiembre había visitado a Perú tras la destitución judicial de Pedro Castillo), obteniendo públicamente, al menos, el permiso para instalar una base militar en Patagonia. Es muy probable que esto -incluso el asalto a la embajada mexicana- esté encuadrado en una estrategia geopolítica de Estados Unidos para evitar la unidad latinoamericana y tener la propiedad o el acceso directo prioritario a recursos escasos estratégicos como son el agua, el litio, el petróleo y el gas. De hecho, como expone Silvina Romano[x] el objetivo m{as amplio de la guerra jurídica es la desestatización, que tiene que ver con la idea expuesta por Bill Clinton en su discurso de su segunda asunción donde afirmó sólo existe un estado indispensable a nivel mundial[2].

 

Esta división, se manifiesta sobre todo a la hora de las urnas y las votaciones populares universales, que a lo largo del siglo han favorecido a los proyectos apodados populistas, y en casi todos los casos, los gobiernos neoliberales han llegado sólo mediante golpes de estado blandos o por procesos que limitan la participación de líderes opositores en las elecciones generales, es decir, mediante la intervención del poder judicial[xi] (el caso de Brasil con la deposición de Dilma Rouseff, el encarcelamiento de Lula da Silva -quien al participar en una nueva elección ganó otra vez-). También, como podría suceder en México, con la intervención del poder judicial tratando de descalificar las elecciones y desconocer el registro del partido ganador como se intentó recientemente en Guatemala. O en su caso, aplicando lo que Naomi Klein (2007) describe como la estrategia del shock creando condiciones para la quiebra de los gobiernos a través de la deuda pública, los estrangulamientos y bloqueos, y la generación de procesos inflacionarios como ocurrió en Argentina en 2023.

En México la intervención judicial en las elecciones ya se intentó en 2004 mediante un desafuero decretado por la Suprema Corte de Justicia en contra del Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para impedir que participara en las elecciones del 2006. Y ahora se revive con una investigación y filtración de ésta a la prensa por parte de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, donde a partir de una denuncia anónima procesada en un solo día, se acusa al anterior presidente de la Corte y al presidente de actos indebidos, acoso y presiones a diversos jueces. [xii]

Esta condición electoral en buena parte puede deberse o incluso manifestar la constitución dual de las sociedades latinoamericanas que podemos atribuir a su origen colonial. No tiene entonces nada de sorprendente que el ciclo inicial de gobiernos progresistas latinoamericanos de este siglo venga precedido en los años 90 de movilizaciones reivindicativas indígenas como la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador (CONAIE), el movimientos Sin Tierra en Brasil, el cocalero en Bolivia, el  neozapatista de Chiapas en México, etc.. El descontento y la crisis provocada por las políticas neoliberales como, en Argentina en 2001, en todos estos países ya en el ámbito de la política nacional se traduciría en un “que se vayan todos”, como rechazo a la clase política, cuya construcción y profesionalización como parte de la modernización, fue un objetivo explícito de las políticas neoliberales para desdramatizar la política. Se trataba de separar las decisiones políticas de los gobiernos, y en particular de aquellos nombrados por el voto popular, de las decisiones económicas que mayormente quedarían en la esfera privada de organismos descentralizados. Una forma de lo que Norberto Bobbio (1995) describía como gobierno secreto.

 

Si el populismo latinoamericano de mediados del siglo pasado se caracterizaba por su carácter corporativo, lo que actualmente llaman así los académicos, se refiere  a esta ruptura entre la clase política y los sectores ya no sólo de trabajadores y campesinos. Se refiere a la gran mayoría de la población que vive en áreas periurbanas y en la economía informal. De ahí que AMLO rechace el término de sociedad civil y haya revivido el de pueblo. El gran volumen de votos por AMLO en 2018, en su momento, se explicó, justamente, como un rechazo a esta clase política.

 

          Sin embargo, claramente, en la presentación de la coalición de oposición, fue muy evidente que los encargados de elaborar los diversos rubros del plan de gobierno, eran todos funcionarios de las anteriores administraciones. Comenzando por el coordinador José Ángel Gurría, ingeniero del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA, que hizo públicas las deudas privadas) en 1988. Algunos, incluso con procesos judiciales vigentes (Francisco Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya). En la presentación de los candidatos plurinominales al Congreso, resaltó otra vez la inclusión de este tipo de candidatos. Lo cual resulta muy coherente y consecuente en tanto representantes del bloque ya mencionado.

          Pero lo que resulta incoherente y peligroso para los ideales y objetivos de la Cuarta transformación, es que el mismo tipo de perfiles se está presentando como candidatos de su coalición igualmente para plurinominales, y en las otras candidaturas locales a diputaciones, senadurías y presidencias municipales.

          Si bien es cierto que el crecimiento de la izquierda electoral desde los años 90 tuvo como estrategia importante la desagregación de políticos del partido entonces oficial, y luego de grupos que se separaron del PAN. Y que tuvo importancia para ganar mayorías en 2018, es un riesgo que tras un sexenio en el gobierno no tenga el MORENA cuadros propios, o -como se denuncia-, se hace a un lado a quienes se autoidentifican como “fundadores”, que vienen de la vieja izquierda o de los movimientos de 1988-1991 en Tabasco, o en las elecciones del 2000, 2006 y 2018.  Esto, además demuestra que en ambas coaliciones que no se está dando un relevo generacional.

          Esta situación está determinada por el subdesarrollo democrático que le impide a todos los particos realizar elecciones internas o procesos transparentes de selección de candidatos. La oposición llegó a cancelar una votación que tenían ya convocada y MORENA actuó mediante supuestas encuestas que de las que no ha habido evidencia pública. El actual gobierno privilegió lo que antes se llamaba democracia sustantiva (disminuir la desigualdad económica), frente a la democracia formal y a la formación, no sólo de cuadros propios sino de formatos democráticos.

          En este caso, pareciera estar funcionando una lógica de la vieja cultura política en donde cuando un partido es tan mayoritario o muestra tanta ventaja, todos los políticos buscan subirse a esa corriente porque sin importar el nombre o persona del candidato, su elección parece asegurada. Y por otro lado, por el interés del partido en lograr una mayoría calificada para poder cambiar al poder judicial (el llamado plan C), aceptan a todo aquel que suponen que tiene los recursos de un tipo u otro para ganar su elección.

          El riesgo está en que incluso cuando se trata de fundadores de MORENA, pueden darse acciones de retroceso político, como ocurrió con Adán Augusto López. De manera sorpresiva, como gobernador de Tabasco, eliminó por decreto la elección de delegados municipales, que fue una de las bases del movimiento original de AMLO. En Tabasco ahora MORENA va dividida entre el grupo identificado con la burocracia y poderes fácticos estatales y los sectores populares, situación, que, por cierto, ya existía dentro del PRI local antes de 1988.

          Ya se vio con los casos de Lily Téllez y Germán Martínez entre otros, la posibilidad de llegados al congreso, defeccionar y convertirse en un problema para el gobierno de MORENA. La inconformidad con las candidaturas locales de MORENA y sus aliados se está manifestando en diversos estados, como Tabasco, Puebla, Colima, Michoacán, Sinaloa, Estado de México, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Hidalgo y Baja California Sur, no sólo por la designación de políticos provenientes de otros partidos, sino por prácticas abiertas de nepotismo (la hija del senador Monreal en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México) y reelecciones. Esto no sólo pone en riesgo la viabilidad del llamado plan C y la hegemonía de MORENA, sino, sobre todo, con el regreso de la clase política desde dentro del propio movimiento, la continuidad de las ideas, propuestas, programas y políticas de la Cuarta transformación.

          En esta posibilidad de alternancia, de regreso al poder de la clase política tradicional, México podría quedar atrapado en la misma situación de ida y vuelta entre las dos opciones que han sufrido en estos años Ecuador, Argentina, Honduras y Brasil. Recordando además que el regreso en estos países de los gobiernos neoliberales se ha caracterizada por la adopción de medidas extraordinarias que mediante un solo decreto o referéndum buscan cambiar toda la estructura política anterior (Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei y referéndum del 21 de abril 2024 de Daniel Noboa). Que en nuestro caso, seguramente, contaría ya de entrada con el abierto apoyo del poder judicial.

 

Bibliografía:

Bobbio, Norberto. (1995). El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica, México.

Hiriart, Pablo. (2023). El destructor. Editorial Grijalbo, México.

Kittrie, Orde. (2016). Lawfare. Oxford University Press, New York.

Klein, Naomi. (2007). La doctrina del shock. Paidós, Barcelona.

Paz, Octavio (1979). El ogro filantrópico. Editorial Joaquín Mortiz, México.

Portelli, Hugues (1981). Gramsci y el bloque histórico. Editorial Siglo XXI, México.

Uribe, Rodolfo (2021). “Elecciones intermedias de 2021: plebiscito y crisis múltiple, en Antulio Sánchez y Gerardo Vázquez, coords., Elecciones y Futuro Nacional. Grupo Topodrilo, México.

Villamil, Genaro. (2018). Cleptocracia. Editorial Grijalbo, México.



[1] Publicado en México en la Encrucijada. Elecciones 2024: Neopopulismo o libre mercado. Consolidación o regresión ante el nuevo modelo político de Morena. Coordinadores: Gerardo Villegas y Antulio Sánchez. Topodrilo libros, México, 2024.

[2] Second inaugural address of William J. Clinton, January, 20, 1997. https://avalon.law.yale.edu/20th_century/clinton2.asp



[i] La propia candidata de la oposición es un ejemplo de una funcionaria pública que se ha enriquecido mediante los contratos de las empresas de su familia. Ha negado que sea corrupción porque no acepta el concepto de conflicto de intereses.

[ii] En el caso de la burocracia militar AMLO se vio entrampado ante la falta de cuadros, o de grupos sociales o técnicos que pudieran hacerse cargo de la construcción o administración de instalaciones e infraestructura estratégica y tuvo que recurrir y empoderar al ejército. Un ejemplo fue el caso del tren Maya en donde primero encargó a empresarios diversos tramos del mismo bajo la dirección de otro empresario, y luego, cuando se vio que el interés mayor de estos empresarios era el desarrollo inmobiliario que incluía la expropiación de miles de hectáreas en torno de cada estación, cambió al director del proyecto y la construcción de varios tramos y la empresa encargada de la administración se le entregó al ejército.

[iii] https://visionanalitica.com.mx/nacional/propublica-exhibe-que-anabel-hernandez-publico-nombre-del-testigo-confidencial-en-investigacion-vs-amlo/

[iv] “García Luna dictaba su voluntad a Felipe Calderón, era más poderoso que él”. https://www.infobae.com/mexico/2024/01/03/garcia-luna-dictaba-su-voluntad-al-presidente-calderon-era-mas-poderoso-que-el-esto-dijo-nicolas-sarkozy-en-sus-memorias/

[v] Sarkozy y Calderón: una vieja historia de corrupción y cloacas”. https://elpais.com/mexico/2024-01-07/sarkozy-contra-calderon-una-vieja-historia-de-cloacas-y-corrupcion.html

[vi] En realidad la campaña en general sigue los 10 consejos de Goebbels: Los principios de simplificación, contagio, exageración, vulgarización, orquestación, renovación, similitud, silenciación, transfusión y unanimidad. https://www.altaveu.com/opinio/los-11-principios-de-la-propaganda-nazi-de-joseph-goebbels_1597_102.html

[vii] https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/22/se-reune-consejero-presidente-del-ine-con-secretario-general-de-la-oea/

[viii] Página de Facebook de Xóchitl Gálvez, 7 de febrero, 2023.

[ix] Id.

[x] Entrevista en TV Ciudad Uruguay en https://www.oblawfare.org/

[xi] Se ha popularizado respecto a esta intervención del poder jurídico contra los poderes ejecutivos electos por votación popular y cómo sinónimo de golpe no militar el término de lawfare. Sin embargo, el concepto de lawfare también es usado por los académicos estadounidenses como la defensa de estados o pueblos como explícitamente se refieren al Palestino, al defender a través de las leyes internacionales sus derechos (ver Kittrie, 2016).

[xii] Para una visión de todo el proceso de guerra judicial coordinado desde Estados Unidos contra el gobierno de AMLO, ver el artículo de Aníbal García, Manufacturación de Consenso y Lawfare en México en https://www.oblawfare.org/post/manufacturaci%C3%B3n-de-consenso-y-lawfare-en-m%C3%A9xico.