Elecciones
intermedias de 2021: plebiscito y crisis múltiple.
Rodolfo
Uribe Iniesta.
“Fue tanta la
brutalidad de la corrupción del pasado…si fue un abuso y la gente quedó hasta
la madre. La gente sigue pensando que el presidente es la gran opción”.
Xóchitl Gálvez.
Mecanismo
regulador por excelencia de una sociedad y estado democrático, las elecciones
son también, el mejor diagnóstico de una sociedad, tanto si son reprimidas,
manipuladas, o incluso rechazadas. La realización de fraudes sistémicos como
los tradicionales mexicanos, desconocimientos (como la Bolivia por la OEA en
2019) o rechazadas (por alto nivel de abstención), nos dicen mucho de la
sociedad y la relación sociedad-estado de que se trata y de la coyuntura
política internacional.
La
dimensión geopolítica, lo que está en juego.
A nivel internacional la coyuntura de los
primeros 20 años del siglo XXI se ha caracterizado en América Latina primero
por la derrota de los gobiernos neoliberales que hegemonizaron la última década
del siglo pasado, la llamada década perdida, que terminó con crisis económicas
y políticas tan graves como la de Argentina en 2000. Vino entonces el triunfo
electoral de gobiernos que son llamados tanto despectivamente como
descriptivamente populistas, como los de Chávez, Lula, Rouseff, Morales, los
Kitchner, Luque, Correa, Manuel Zelaya. Que en su momento fueron o derrotados
electoralmente, tras uno o hasta tres períodos electorales (Cristina Kitchner),
depuestos por los poderes judiciales (Rouseff, Zelaya, Luque), por golpe de
estado con participación de la OEA (Morales) o incluso impedidos a participar
en nuevas elecciones por lo que ahora quedó evidenciado como montaje del poder
judicial (caso de Lula). Gobiernos que en casos como los de Chávez y Morales
tuvieron como antecedentes inmediatos movimientos populares y cabe resaltar que
casi todos ellos fueron reelectos o ganó el período siguiente su mismo partido
o movimiento (Chávez, los Kirschner, Lula y Rouseff, Morales y Correa). Han
sido gobiernos que directamente fueron descalificados o confrontados por las diversas
administraciones de Estados Unidos y por la Unión Europea. Sin embargo, cuando
se da un nuevo proceso electoral algunos han regresado al poder con el mismo
partido y contenido programático (Fernández, Arce). Y salvo Colombia cuya
situación tiene su particular complejidad, los gobiernos que no son
cuestionados por los poderes externos mencionados como el de Chile (Piñeira) y
el actual de Ecuador (Moreno), antes de la pandemia confrontaron importantes
movilizaciones populares en contra. No es una confrontación ni una situación
que se circunscriba a América Latina. En 2010, en Australia, cuando el gobierno
de Kevin Rudd impuso a las compañías mineras un impuesto sobre ganancias
excesivas, éstas convocaron y presionaron a los miembros de su partido a
deponerlo, y en efecto lo hicieron, lo que equivale a un golpe de estado en el
modelo político inglés.
En
el caso de México, que detrás de Chile era el mejor discípulo de las políticas
neoliberales, y que parecía el más estable en esta línea, con una continuidad
de 30 años (cumpliendo el aviso del actual director de la OCDE, José Ángel
Gurría, de que el proyecto era de 25 años), los poderes mencionados hacían una
excepción frente a las protestas y demostraciones de fraude electoral en cada
elección (1988, 1994, 2006 y 2012). Sin embargo, dada la total debacle electoral de los
partidos de ese sistema en 2018, tuvieron que aceptar sin objeciones la derrota
de dicho proyecto,.
La
pregunta pertinente es ¿Qué tiene el llamado populismo que cuando hay
elecciones reales (no al estilo de los tradicionales fraudes mexicanos), los
pueblos vuelven a votarlo? En otro nivel, llama la atención cómo la división de
poderes, antes que garantizar la gobernabilidad y el estado de derecho, ahora ha
sido instrumentada para derrocar sin elecciones a los gobiernos elegidos por el
voto popular (el poder judicial en la mayoría de los casos, e infructuosamente
el legislativo en Venezuela). O, cómo se está haciendo ahora en México, se les
usa junto a los llamados organismos descentralizados para defender las reformas
estructurales neoliberales (el desmantelamiento del aparato estatal dependiente
de elecciones y la pérdida de soberanía de este en el acceso a recursos
naturales y en la gestión económica en general) contra los cambios que propone
el actual ejecutivo. Y el poder electoral, el organismo autónomo que organiza
las elecciones, ha sido usado en México para gestionar los fraudes electorales.
Queda claro que lo que se ha dado es una
confrontación de los llamados populismos con un proyecto global de gobiernos
neoliberales que privilegian la libertad de inversión sin cortapisas
económicas, ambientales ni sociales asociados con una élite político-económica
local subordinada; que en el caso de México y Colombia es además parte del
narco y necrocapitalismo; y de un estado con atribuciones reducidas frente a
una gran descentralización de organismos autónomos, comenzando con los propios
bancos nacionales estatales, y por supuesto, las autoridades electorales. Estos
organismos se crean bajo un discurso de una mayor democracia descentralizando
el poder de decisión. En el esquema de los tratados del Atlántico Norte y
Transpacífico se proponen como forma de gobernanza superior a los
estados nacionales y las organizaciones internacionales donde están
representados (sistema Naciones Unidas), pero, en estos siempre aseguran
espacios de representación directa de grandes corporaciones empresariales en
condiciones mayoritarias que los gobiernos del caso tratado (Ver Guamán, 2015).
Estos organismos substraen tanto de la fiscalización como del voto popular las
más importantes decisiones, conformando lo que Norberto Bobbio (1995) caracterizó
como “el gobierno secreto”. Se trata, como lo explica Saskia Sassen en Territorio,
Autoridad y Derechos (2013) de la construcción de ámbitos de poder global
internos y externos a los estados, independientes de una gobernabilidad y
escrutinios democráticos y mucho menos popular. Se trata también, como lo
expone Yannis Varoufakis (González, 2021) de una confrontación entre la
democracia y los gobiernos corporativos internacionales.
El sentido de este sistema queda claro, por
ejemplo, si revisamos la redacción de la nueva ley petrolera de la Reforma
Energética Mexicana de 2014, donde la frase que más se repite es “El estado
mexicano no podrá…”. Y en las medidas tomadas entre 2008 y 2014 la empresa
petrolera nacional quedó subsumida a la Secretaría de Hacienda y a un Consejo
(la Comisión Nacional de Hidrocarburos) con participación de consejeros
propuestos por el presidente, inicialmente, en su momento, relacionados con
empresas privadas. Respecto a la electricidad se siguió el mismo modelo donde
el órgano rector pasó a ser el Centro Nacional de Control de Energía. Quedó muy
clara la postura de los partidos tradicionales cuando la dirigente del PRI,
Dulce María Sauri, en la celebración del 82 aniversario de fundación de su
partido, acusó, de cara a estas elecciones, al actual presidente de que se
propone hacer una nueva constitución (como lo hicieron los neoliberales entre
1988 y 2018) y desaparecer los organismos autónomos. Es clara la beligerancia y
el cierre de filas entre los partidos tradicionales PRI, PRD y PAN ahora
organizados como alianza (Va por México) tras acciones emblemáticas como: el
decreto que le devuelve a la Comisión Federal de Electricidad la prioridad en
el despacho de la producción de electricidad (aún cuando fuera en parte
motivado por el efecto que el anterior modelo producía en el manejo de las
grandes presas y las inundaciones del sureste del país, ver Uribe, 2009); la
solicitud de desafuero del gobernador Cabeza de Vaca por sus vínculos con el
narco (como en su momento fue evidente en el caso de los exgobernadores de
Nayarit, Veracruz y Chihuahua) y por el descubrimiento de las inversiones de
políticos mexicanos y sus familiares en el paraíso fiscal de Andorra.
No
debe ser sorpresa la reacción de los políticos e inversionistas mexicanos si
habían logrado una fórmula muy particular para privatizar la producción de
energía: PEMEX y CFE se vaciaban de actividades para ser regidos por los
mencionados órganos reguladores que controlarían el despacho y la compra de
energía donde tendrían que competir en condiciones de igualdad con empresas
privadas que podrían ser extranjeras. Pero con una condición muy particular:
Las empresas productoras, según las leyes de la Reforma Energética tienen como
condición para participar generar nuevas empresas con socios mexicanos y así
aparecen incluso como empresas mexicanas. No sorprende entonces que el juez
Juan Pablo Gómez Fierro otorgue -en un hecho inédito- en sólo 24 horas un
amparo en favor de las empresas eléctricas privadas contra el decreto
mencionado. Muchos funcionarios, pero sobre todo técnicos y comentaristas de
medios de comunicación que se presentan como “expertos” o “técnicos”
descalificando los cambios que introduce el nuevo gobierno, son en realidad
socios, empleados o publirrelacionistas de dichas empresas en lo que también
debe explicarse como la privatización monopólica del espacio mediático. Sobre
todo esto vale la pena leer el libro: El gobierno mundial de los expertos
de Josep M. Colomer y ver la problemática que se expone sobre las valoraciones
técnicas en Theys y Kalaora (1996), tan discutidas, por ejemplo, ahora con la
pandemia,.
En
sus videoconferencias de febrero para la UNAM, Rafael Correa advirtió la
importancia de la dimensión mediática como espacio de conflicto: lo que en
México se está viviendo cotidianamente a través de las conferencias mañaneras
del presidente. El poeta chileno Gonzalo Rojas llamaba a las empresas de los
medios de comunicación “inventores de la realidad”. El presidente López Obrador
explícitamente ha denunciado le imbricación de los propietarios de medios de
comunicación (Grupo PRISA, Televisa, grupo Reforma, familia Vázquez, etc.) en
los negocios de la medicina privada, de la industria farmacéutica, y de las
actividades concesionadas gracias a las reformas neoliberales: petroquímica,
extracción de petróleo (extracción, transportación y gasolinerías), minería,
electricidad, y hasta impresión de libros de texto, lo que les permite
participar en la esfera mediática como jueces y parte de toda la información y
el uso del presupuesto público. Ha sido claro, desde un principio, que además,
han hecho cuanto esfuerzo han podido, incluyendo la intervención del Instituto
Federal Electoral, por prohibir al presidente la comunicación directa con el
público mediante las conferencias cotidianas mañaneras, para mantener el
monopolio en el ámbito, y obligar al gobierno a usarlos como intermediarios
pagando las enormes cantidades de dinero que hasta ahora se habían erogado como
publicidad oficial (además de los pagos directos a comunicadores selectos). En
la coyuntura de la epidemia, ha sido notorio como los medios de comunicación,
en lugar de haber realizado una campaña solidaria dada la emergencia sanitaria
y humana, no han tenido el menor escrúpulo ni pudor en usar la epidemia para
atacar al gobierno con toda clase de información tendenciosa y falsa. La
instrumentalización política de los medios queda clara con la progresiva
saturación de la televisión y radio abiertas con programas de “opinión”, o
programas de información conducidos por personajes cómicos.
El
populismo sui géneris de López Obrador.
El populismo de López Obrador tiene más que
ver con el populismo pragmático estadounidense de los años 20 del siglo pasado
(como el del gobernador y senador de Luisiana Huey Long) que generó las leyes
antimonopólicas y empujó a Delano Roosevelt al New Deal que con los populismos
latinoamericanos del siglo XX. Lo parece tanto por su programa minimalista no
ideológico (sólo acabar con la corrupción), su atención centrada en los pobres
no corporativizados ni organizados, no tener o movilizar desde el gobierno
organizaciones de masas o partido, su actuar contingente caso por caso, su
nombramiento de operadores y funcionarios sin importar su definición ideológica
-en otras palabras no anticapitalista-, su denuncia del uso privado de las
instituciones públicas, su utilización del ejército como constructor de
infraestructura para evitar a las empresas corporativas políticamente
privilegiadas o monopolistas, su choque frontal con la aristocracia jurídica
denunciada como sistema de tráfico de influencias; como por el no coincidir con
la idea de un estado corporativo y empleador que caracterizaba a los populismos
latinoamericanos del siglo pasado. Coincide también con acciones de defensa de
consumidores respecto a los monopolios empresariales, como la reacción contra
los monopolios farmacéuticos, el etiquetado de productos con exceso de grasa y
azúcar y el control de precios de combustibles. Congruente con este populismo y
la ideología liberal mexicana Andrés Manuel tiene un programa propio de
austeridad que lo ha divorciado tanto de organizaciones y movimientos políticos
de izquierda, como de la aristocracia partidista, pero sobre todo intelectuales
de toda laya, que aunque protestaban contra el anterior gobierno, habían
quedado integrados en el proyecto de ingeniería social neoliberal, “la
modernización”, bajo programas como inicialmente el PRONASOL (fueron sus
operarios) y los relacionados, y sistemas más estables de cooptación y
disciplinamiento como el Sistema Nacional de Investigadores, el Sistema
Nacional de Creadores y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Da la
impresión de que así como López Obrador cita el artículo sobre la Crisis en
México de Daniel Cossío Villegas como fuente de inspiración ideológica, está
siguiendo un programa determinado por la definición del estado mexicano como
Ogro Filantrópico por Octavio Paz. Decía Paz que “en México el Estado pertenece
a la doble burocracia: la tecnocracia administrativa y la casta política”.
Justamente los dos sectores con los que AMLO ha chocado y descrito como
“elefante echado” (lo cual puede ser causa de sabotajes en instalaciones
controladas por sindicatos del PRI, como el del incendio del centro de control
del metro de la Ciudad de México y el apagón del noreste del país). Y su
descreimiento en los intelectuales tradicionales (que él llama orgánicos),
quizás se deba a haber visto los nombres de varios de ellos en los recibos de
la campaña del PRI por la gubernatura a Tabasco en 1994, que le descubrió el
mecanismo mediante el cual el régimen financiaba hasta a sus opositores. La
relación del actual gobierno con la Universidad nacional (UNAM) es un poco
paradójica, porque a pesar de ser alto reservorio de votos para la izquierda
desde los años 60, al mismo tiempo, la aristocracia propia que la gobierna le
dio refugio al PRI desde el año 2000. Históricamente no es una novedad porque
la universidad siempre se ha convertido en baluarte conservador contra gobiernos
liberales tanto en 1833 contra Gómez Farías como contra Cárdenas.
Por
estas políticas de austeridad que implican la limitación de los topes
salariales en el presupuesto público, tanto el poder jurídico como el poder
electoral se han rebelado abiertamente contra el poder ejecutivo, con lo que
entramos a un proceso electoral en donde las autoridades judiciales y el
Instituto Federal Electoral no tienen el menor asomo de neutralidad, sino que
son partes beligerantes e interesadas en derrotar al proyecto del poder
ejecutivo.
El
giro del populismo de López Obrador efectivamente rompe con la prioridad como
referente de la sociedad civil, es decir de la sociedad organizada, la que
tiene visibilidad mediática y política; y establece en su lugar como referente
explícito al 70% de la población que vive en ese abismo que implica cuando no
la exclusión total o incluso violenta, si la informalidad, la escolaridad
deficiente sino inexistente y la no visibilidad mediática y académica, que ha
sido y es el caldo de cultivo de la necroeconomía que se apoderó desde el
sexenio de Fox de territorios completos como el estado de Tamaulipas y la tierra
caliente de Michoacán y Guerrero. A eso apuntan programas que la oposición nunca
reconoce o menciona porque no los considera parte de la función del gobierno.
Entre estos el de apoyo a jóvenes para primer empleo y sembrando vida (subsidio
a campesinos para reforestar), el subsidio producción para el bienestar a
campesinos, pensiones a todas las personas mayores y niños discapacitados, además
de las becas a estudiantes de todos los niveles -todos estos pagados
adelantados a la veda electoral- y el incipiente proyecto de las universidades
Benito Juárez que tiene detrás la idea de que la educación deje de ser un
vehículo de jerarquización social para ser un medio de integración social y a
la economía productiva. Y sin embargo, AMLO no se ha olvidado de temas de la
izquierda tradicional cuando ha iniciado el primer programa de recuperación de
niveles salariales desde 1976, y frente a la medida neoliberal de 2016 de medir
la pensiones en UMAS para desvincularlas de las negociaciones salariales (casualmente
recién activado antes de las elecciones por la Suprema Corte de Justicia),
proponer un sistema de compensación, entre otros.
Esta
definición populista teniendo como referente al 70% mayoritario de la población
guía también la ambigüedad con que discursivamente se comporta frente a temas
como la religión y el feminismo, y sobre todo, porque, desde las campañas en
Tabasco, se deslindó abiertamente de la izquierda socialista, pero le ha
bastado en realidad ser consecuente con las ideas de los liberales mexicanos
del siglo XIX para aplicar medidas que recomendaba Marx en relación a la comuna
de Paris, como la revocación del mandato de los funcionarios, la reducción de
salarios de los cargos públicos y el fin de los privilegios de la burocracia.
Así, por ejemplo, en el caso de las actitudes respecto a la epidemia y a las
acusaciones contra el candidato Salgado Macedonio, no asume un papel
paternalista autoritario adjudicándose la decisión final -que además no le
incumbe, si participara, regresaríamos a la relación presidente-partido tipo
PRI-; sino que la regresa a los individuos vía encuestas y en última instancia
la votación (incluso sin decir explícitamente que, por ejemplo, el caso Salgado
Macedonio fue creado en tiempos electorales por el fiscal del estado de
Guerrero al filtrarlo a la prensa pero sin procesarlo, cuál era su obligación).
De
ahí la “polarización” que acusan los medios de comunicación y los líderes
empresariales. En lugar de ser los actores referentes principales de lo que el proyecto
neoliberal construyó como “democracia moderna”, no soportan el esfuerzo que el
presidente ha hecho por abrir ese campo a la inclusión de ese enorme campo como
referente de las políticas, pero, sobre todo, del presupuesto público. De ahí
la violencia con que se ha hecho evidente el clasismo y el racismo que siempre,
dada nuestra conformación original colonial de 300 años, ha sido característica
de las clases propietarias del país. El regreso con el neoliberalismo a la
prioridad de estas clases (recordar, por ejemplo la rebelión empresarial que
cambió al PAN desde adentro en los años 80) como actores públicos con derecho
de prioridad (derecho de picaporte), es lo que sienten estar perdiendo.
Y otra característica cultural de estas clases es que aceptan que se les niegue
algo, pero que no se les evidencié su inmoralidad, de ahí el sentirse
ofendidos. Al mismo tiempo, se suma a la oposición que se siente ofendida los
sectores dependientes del gasto público que de dientes para fuera repudiaban
una relación paternalista y corporativista; pero que en realidad es lo que le
han estado exigiendo no al poder ejecutivo, sino de manera personal al
presidente, porque era la relación que tenían con los anteriores.
Finalmente,
dentro del repertorio de acciones antipopulistas de las élites locales y las
empresas trasnacionales, se encuentra, como se demostró en el golpe de estado
de 2019 en Bolivia, el uso de causas y movimientos antisistémicos como
una tenaza “progresista” que protesta por causas ambientales (el proyecto TIPNIS
en Bolivia, el Tren Maya en México) o, como en México, el uso que se le está
dando al feminismo. Es decir, la instrumentalización de causas éticamente
solventes para tirar a un gobierno, pero sin el compromiso de actuar en
consecuencia tras su caída.
Elecciones
en coyuntura de Crisis múltiples.
Nos encontramos entonces en un
escenario electoral donde las elecciones a cargos territorialmente
representativos, en este sentido locales (presidentes municipales, 15
gobernadores, diputados locales y federales y senadores) quedan subsumidos bajo
una confrontación de proyectos (el continuismo del anterior régimen neoliberal
y el neopopulismo del actual gobierno) por lo que aparece más bien como un
plebiscito sobre el actual gobierno. Donde además, por la ingeniería social
operada por el anterior régimen los organismos organizadores, supervisores y de
decisión (el Instituto Nacional Electoral y el poder judicial) y por sus
posicionamientos actuales, aparecen como miembros del bloque político de la opción
del anterior régimen y no como organismos neutrales. En una condición, además,
de que confrontan al presidente que ha recibido más votos en la historia de
México incluso bajo el control del proceso por parte de estos mismos
organismos. Y a esto podemos agregarle un indicador más débil, pero que por
decisiones políticas recientes -como el regreso a la vida política del líder
moral del PAN, Diego Fernández, y el reconocimiento que le ha dado el
presidente- que es que, según las encuestas recientes, el presidente tenía en
Marzo un 66% de popularidad y el partido MORENA un 52% de intención del voto.
Es decir, que el presidente aparentemente tiene más legitimidad que los
organismos electorales.
En esta situación confluyen además las
dinámicas de otras crisis particulares:
1)
El
inagotable déficit democrático que se divide en:
a)
La
inagotable búsqueda del modelo electoral perfecto bajo la idea de una
“legitimidad por desempeño” que ha llevado a un continuo cambio de las formas
institucionales y de los procesos del sistema electoral como forma de procesar
la siempre presente sospecha de fraude que mantiene la percepción pública de
que desde 1988 a la fecha se trata más bien de instituciones hechas para
gestionar la continuidad de un proyecto político.
b)
La
incapacidad de los partidos políticos mexicanos de elegir tanto sus dirigencias
como sus candidaturas mediante votaciones demuestra el nivel real de
subdesarrollo político nacional, incluso si este fenómeno se debe en parte a la
intervención violenta e interesada de los narcopoderes y los cacicazgos
regionales tradicionales (hay que tener en cuenta la enorme cantidad de
asesinatos de líderes políticos locales desde la campaña de Carlos Salinas de
Gortari como una constante del proyecto neoliberal).
2)
La
crisis del bloque político y social identificado con el proyecto neoliberal
impuesto mediante el fraude electoral de 1988 que aunque han acordado una
alianza electoral (Vamos por México), ha sido incapaz de presentar un proyecto
alternativo al del gobierno, y sus actividades se resumen a acusar al actual
gobierno de no respetar las reglas e instituciones impuestas por los anteriores
gobiernos. Asimismo, esta alianza tampoco ha sido capaz de generar liderazgos
que puedan confrontar el carisma y capacidad intelectual del actual presidente,
viéndose obligados a regresar a la vida política a un personaje de las
elecciones del 88 y 94.
3)
La
crisis del partido que llevó al actual presidente a ganar las pasadas
elecciones. Según las encuestas el partido que encabezó al presidente sigue
teniendo mucha ventaja en la intención de voto. Sin embargo, siempre se han
tenido razonables dudas sobre su funcionamiento como partido. Formado
explícitamente para impulsar un proyecto político muy identificado con un
líder, por lo que podría decirse también, que se formó para llevar a
determinado líder al poder, nunca ha podido tener un funcionamiento normalizado
y una verdadera vida partidista. Además, como es común en la historia de varios
partidos, cuando llegan al poder o para acceder al poder, el líder tiene que
contravenir la voluntad mayoritaria del partido con lo que le genera una
profunda crisis (recordemos a Felipe González en España). Si bien al formar el
partido el líder propuso formas casi ultrademocráticas de selección de
líderes y candidatos (uso de tómbolas), al momento de la elección clave de 2018
pasó por encima de los militantes locales y decidió las candidaturas de la
forma más pragmática posible, llevando al poder a personajes sin ninguna
relación con las trayectorias ni siquiera de sus propias movilizaciones.
Después, ya como partido en el gobierno, el presidente ha mantenido una
neutralidad frente al partido, pero entonces la selección del nuevo dirigente
fue una crisis profunda sin solución por dos años, incluyendo la intervención
descarada del presidente del Instituto Nacional Electoral y organismos afines.
Y finalmente el nuevo líder, frente a las nuevas elecciones, ha optado por el
mismo pragmatismo de escoger personalmente candidatos totalmente divorciados de
los principios y prácticas enunciadas por el partido. Esto ha llevado a que
MORENA va a las elecciones como un partido partido entre los militantes
(ciudadanos) por un lado y la dirigencia y sus candidatos (funcionarios y clase
política tradicional) por el otro. Y que confronta a sus militantes y votantes
a un dilema moral de votar por el proyecto presidencial pero abominando del
carácter moral o político de varios candidatos y sus equipos (Guerrero, Nuevo
León y San Luis Potosí, por ejemplo). Da la impresión de que a través de la
dirección de Mario Delgado la clase política tradicional ha colonizado desde
adentro a MORENA.
4)
Un
déficit general de capital humano a nivel nacional. Por un lado el carácter
plebiscitario que encuadra a las elecciones resta a los ojos del electorado
importancia a las personalidades de los candidatos locales, cuestión que además
es promovida por los líderes de los partidos, que así tienen más libertad para
negociar para su provecho personal las candidaturas. Esto ha permitido que
literalmente cualquiera pueda ser candidato, o se pueda imponer a personajes
que usando el modismo español “son impresentables”. Pero detrás de esto, esta
también la muy evidente situación de que no existen ni en los partidos de
oposición, ni en el partido en el gobierno, personalidades con, ya no proyectos
políticos (como no sea su propia promoción, claro), sino ni siquiera ideas
públicas o acciones de liderazgo. Es demasiado evidente la mediocridad
intelectual y política de los actores actuales de la escena electoral.
Referencias
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